*El Paquete Económico enviado al Congreso reduce de 1.9-2.9 a 1.5-2.5% el rango previsto de crecimiento para 2027; propone limitar deducciones empresariales, combatir factureras e impulsar una nueva legislación para extender los pagos digitales
El gobierno federal redujo sus expectativas de crecimiento económico para 2027 y apostará por una mayor fiscalización, cambios importantes en el Impuesto Sobre la Renta (ISR) y la expansión de los pagos electrónicos como parte de la estrategia para incrementar los ingresos públicos sin crear, al menos formalmente, nuevos impuestos.
El secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora, entregó este martes 8 de septiembre a la Cámara de Diputados el Paquete Económico para el ejercicio fiscal 2027, que contiene los Criterios Generales de Política Económica, la iniciativa de Ley de Ingresos, el Proyecto de Presupuesto de Egresos y diversas modificaciones fiscales. La entrega quedó registrada oficialmente ante el Congreso.
Uno de los datos más relevantes es el ajuste a la baja en la expectativa de crecimiento. Hacienda calcula ahora que el Producto Interno Bruto (PIB) aumentará entre 1.5 y 2.5 por ciento durante 2027, por debajo del rango de 1.9 a 2.9 por ciento que la propia dependencia había proyectado apenas en abril en los Pre-Criterios de Política Económica.
También redujo la expectativa para 2026: mientras en abril calculaba una expansión de entre 1.8 y 2.8 por ciento, ahora prevé que la economía cierre este año con un crecimiento de apenas entre 1 y 2 por ciento.
El ajuste implica una corrección significativa del escenario económico utilizado por el gobierno federal apenas cinco meses atrás y coloca al presupuesto de 2027 en un contexto de menor dinamismo de la actividad económica.
Endurecen reglas del ISR
Frente a ese menor crecimiento, una parte central de la estrategia de Hacienda consiste en obtener más recursos mediante fiscalización y modificaciones a las reglas tributarias, particularmente al ISR de las empresas.
Amador Zamora afirmó durante la entrega que las reformas pretenden fortalecer la equidad tributaria para que la contribución de las empresas sea más consistente con su capacidad económica, además de incorporar mecanismos contra la elusión y evasión fiscal y cerrar espacios para el empleo de empresas factureras con el propósito de acreditar deducciones.
La iniciativa parte de un diagnóstico especialmente severo. De acuerdo con la información incluida en el paquete, de 524 mil empresas que declararon ingresos positivos durante 2025, 318 mil no pagaron ISR; de estas últimas, 223 mil declararon deducciones iguales o superiores a sus ingresos.
Entre las modificaciones propuestas destaca la creación de límites a las deducciones autorizadas de las empresas. Para aquellas cuyas deducciones alcancen o superen determinados niveles respecto de sus ingresos acumulables se establecería un mecanismo de control equivalente al 96.67 por ciento de los ingresos acumulables; en otros supuestos, las deducciones autorizadas se limitarían al 99 por ciento. La propuesta busca excluir de las afectaciones a empresas de menor tamaño.
También se plantea que las pérdidas fiscales acumuladas de ejercicios anteriores únicamente puedan disminuir hasta 50 por ciento de la utilidad fiscal de un ejercicio, aunque a cambio se ampliaría de 10 a 20 años el plazo disponible para utilizarlas.
Otro cambio relevante consiste en reducir de 30 a 20 por ciento de la utilidad fiscal ajustada el límite para la deducción de intereses netos. Asimismo, se modificarían las reglas sobre pagos al extranjero, anticipos, la Cuenta de Utilidad Fiscal Neta (CUFIN) y la Cuenta de Capital de Aportación (CUCA).
El gobierno también propone eliminar el Régimen Opcional para Grupos de Sociedades y cobrar el impuesto que actualmente se encuentra diferido bajo ese esquema.
En contraste, para los ahorradores e inversionistas se propone disminuir la tasa provisional de retención del ISR sobre intereses de 0.90 por ciento en 2026 a 0.68 por ciento en 2027, modificación que beneficiaría, entre otros, a quienes mantienen recursos en instrumentos de renta fija como Cetes, bonos y fondos de deuda.
Una nueva ley para impulsar pagos electrónicos
Junto con el paquete presupuestal, el Ejecutivo federal remitió al Congreso una iniciativa para expedir la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, con la que pretende acelerar la digitalización de las operaciones económicas y reducir gradualmente la utilización del efectivo.
La propuesta forma parte de tres iniciativas adicionales enviadas por la presidenta Claudia Sheinbaum: una reforma a la Ley Aduanera, una nueva Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral y la legislación sobre pagos digitales y electrónicos.
Entre las disposiciones adelantadas se encuentra facilitar el acceso a servicios financieros digitales y permitir la utilización de la CURP digital para la contratación de esos servicios. El objetivo declarado es aprovechar la infraestructura tecnológica existente para ampliar los pagos electrónicos y avanzar en la digitalización de la economía.
La iniciativa se inserta además en la estrategia gubernamental para disminuir el peso del efectivo en las operaciones comerciales, ampliar la inclusión financiera y aumentar la trazabilidad de las transacciones, un elemento que también puede fortalecer las capacidades de fiscalización de las autoridades.
Más recaudación pese al menor crecimiento
Pese a la reducción de las expectativas económicas, Hacienda apuesta a conseguir una recaudación tributaria equivalente a 15.9 por ciento del PIB en 2027, apoyándose en los cambios fiscales y en una mayor eficiencia recaudatoria.
La propuesta calcula ingresos totales por alrededor de 9.1 billones de pesos, de los cuales aproximadamente 6.2 billones procederían de impuestos. La recaudación tributaria aumentaría 5.9 por ciento en términos reales respecto de 2026, con un incremento previsto de 7.2 por ciento en ISR y de 10.5 por ciento en IEPS.
Hacienda sostiene al mismo tiempo que continuará la consolidación de las finanzas públicas. Los Requerimientos Financieros del Sector Público, la medida más amplia del déficit, se ubicarían en 3.9 por ciento del PIB en 2027.
En materia de gasto, el gobierno propone destinar recursos equivalentes a 2.6 por ciento del PIB a los programas sociales prioritarios, que atenderían a cerca de 43 millones de personas, y otro monto equivalente al 2.6 por ciento del PIB a inversión pública presupuestaria.
Para salud se plantean alrededor de 1.1 billones de pesos, 10.9 por ciento más que en 2026, según Hacienda, mientras que la inversión se concentrará en infraestructura de energía, transporte, logística, agua, salud y educación.
Así, el Paquete Económico 2027 plantea una combinación compleja: menores expectativas de crecimiento, reducción gradual del déficit y, simultáneamente, un aumento de los ingresos tributarios, que el gobierno pretende conseguir no mediante una reforma fiscal generalizada, sino endureciendo las reglas del ISR, limitando mecanismos de deducción, combatiendo la evasión y las factureras y ampliando la trazabilidad de las operaciones económicas mediante instrumentos digitales.
Las propuestas deberán ahora ser analizadas y eventualmente modificadas por el Congreso antes de convertirse en la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2027.
