Por Mariana Calderón Aramburu
Hay decisiones electorales que parecen demasiado técnicas para preocuparnos. Una base de datos. Un cruce de información. Hasta que uno descubre para qué servían.
En su última sesión, el INE decidió eliminar la compulsa automática que permitía verificar si quienes solicitan acreditarse como observadores electorales aparecen en la base de personas servidoras de la nación —a quienes sus críticos llaman “siervos de la nación”—.
¿Quiénes son los servidores de la nación? Son personas vinculadas a la operación territorial de los programas sociales del gobierno federal. Su trabajo se desarrolla directamente en las comunidades; realizan visitas domiciliarias, levantan información, dan seguimiento a programas y participan en tareas relacionadas con la entrega de apoyos. En otras palabras, constituyen una estructura gubernamental con presencia territorial y contacto directo con millones de personas que reciben beneficios del Estado.
Y es precisamente esa posición la que explica por qué su participación en los procesos electorales ha sido objeto de especial preocupación.
En 2022, al resolver el SUP-JRC-101/2022, relacionado con la elección de Tamaulipas, la Sala Superior del Tribunal Electoral analizó el riesgo derivado de la intervención electoral de los servidores de la nación, y ordenó al INE establecer medidas preventivas frente a su injerencia en los procesos electorales y, expresamente, mecanismos que garantizaran su cumplimiento.
En 2023, siguiendo el criterio del tribunal sobre el riesgo que representa estar en la casilla mientras se mantiene un vínculo cotidiano con los beneficiarios de programas sociales, el Consejo General aprobó verificar el estatus de estas personas para impedir, entre otras cosas, que participaran como observadores electorales. Esto tomando en cuenta que los observadores pueden presenciar todas las etapas de la jornada electoral.
La observación electoral es importante porque introduce una mirada ciudadana e independiente sobre la actuación de las autoridades, de los partidos y de quienes participan en la jornada electoral. Ayuda a detectar irregularidades, documentar prácticas indebidas, fortalecer la transparencia y generar confianza en los resultados. Su valor está, también, en que quienes organizan, compiten y actúan dentro de una elección sepan que están siendo observados por ciudadanos ajenos a sus intereses.
Los servidores de la nación ocupan una posición completamente distinta. Forman parte del aparato del Estado. Tiene contacto directo con los beneficiarios de programas sociales y, en muchas comunidades, son una cara reconocible del gobierno.
Sin embargo, el INE decidió ahora sustituir la verificación por una declaración bajo protesta de decir verdad. Es decir, seguirá estando prohibido que una persona impedida participe como observadora, pero la autoridad va a confiar en lo que declaren quienes soliciten su registro.
Al dejar de verificar si quienes solicitan acreditarse como observadores forman parte de esta estructura gubernamental, el INE abre la posibilidad de que algunos servidores de la nación logren registrarse. Ese es el riesgo. Su presencia puede generar presión, inhibición o, cuando menos, la percepción de que el gobierno también está presente durante la votación. La observación electoral debe generar confianza e independencia frente al poder, no desdibujar la frontera entre quien vigila una elección y quien forma parte del gobierno.
Sería maravilloso poder confiar en que una manifestación bajo protesta de decir verdad basta para garantizar que nadie incumplirá una prohibición electoral.
Pero la experiencia demuestra que no funciona así.
Precisamente por eso existen los controles, las verificaciones y los cruces de información; porque en materia electoral la certeza no puede descansar únicamente en lo que cada quien declare sobre sí mismo. Y eso es justamente lo que el INE debería fortalecer, no sustituir.
