La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó la propuesta de la oposición para que las conferencias matutinas del Gobierno federal también queden sujetas a los nuevos lineamientos sobre derechos de las audiencias, al sostener que nadie está obligado a seguir sus transmisiones.
“Que no la vean, tienen esa decisión, ver o no ver la mañanera”, respondió este jueves al ser cuestionada sobre la petición de legisladores de oposición de aplicar a las conferencias presidenciales los mismos criterios que el Gobierno impulsa para los concesionarios de radio y televisión.
La declaración se produjo en medio del debate que ha generado la consulta pública sobre los nuevos Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, impulsados por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, y de las críticas por los posibles efectos que podrían tener sobre la libertad de expresión y la actividad periodística.
Durante su conferencia desde Palacio Nacional, Sheinbaum sostuvo que las “mañaneras” constituyen uno de los principales mecanismos para informar directamente a la población sobre las acciones de su administración.
Argumentó que, sin ese espacio de comunicación, muchos temas impulsados por el Gobierno federal no tendrían la misma difusión en los medios de comunicación. Como ejemplo mencionó la estrategia para atender el problema del sargazo en las costas del Caribe mexicano, al señalar que las conferencias permiten comunicar esos asuntos «de manera directa, sin intermediarios».
La respuesta presidencial surge luego de que legisladores de oposición plantearan que, si el Gobierno busca fortalecer el derecho de las audiencias y combatir la desinformación en radio y televisión, esos principios también deberían aplicarse a las conferencias matutinas de la Presidencia.
El planteamiento se da porque las mañaneras son transmisiones oficiales con un amplio alcance nacional, difundidas diariamente por plataformas digitales, medios públicos y numerosos concesionarios de radio y televisión.
Quienes respaldan esa postura sostienen que, si el Ejecutivo considera que los medios deben sujetarse a mecanismos de rectificación, defensores de las audiencias y obligaciones relacionadas con la veracidad de la información, el propio Gobierno debería someter sus conferencias a estándares similares de rendición de cuentas.
