Por Ruby Soriano
El viernes 26 de septiembre de 2014 las redes sociales en México empezaron a lanzar información confusa de un enfrentamiento entre estudiantes y policías en Iguala, Guerrero. Los datos fluían a cuentagotas. El hecho me provocó preocupación por temas de cercanía a mi entorno familiar.
Las horas pasaron y la información empezó a saltar revelando que estudiantes de la normal de Ayotzinapa habían tomado autobuses y pretendían sabotear un acto de María de los Ángeles Pineda Villa, esposa del entonces Presidente Municipal, José Luis Abarca.
Lo primero que trascendió es que había jóvenes heridos, detenciones y quema de autobuses.
Conociendo lo delicado de la situación, la madrugada del 27 de septiembre hice contacto telefónico con mi familiar, quien laboraba en un hospital de Iguala, sólo para percatarme que todo estaba bien.
Cuando establecimos comunicación, mi familiar fue muy escueto y con nerviosismo evidente me dijo que, hasta ese lugar, habían llegado jóvenes con golpes y algunos más con heridas de gravedad. Cuando el personal médico se disponía a atender las urgencias de esa madrugada, estos jóvenes fueron sacados por la fuerza por militares.
El testimonio de mi familiar nunca lo olvidé y no lo hice porque con el paso de los años, Ayotzinapa sigue siendo una de las mayores afrentas para un México donde la fuerza de un Estado desplegó no sólo sus fuerzas policiacas, sino también las militares, para frenar a un numeroso grupo de jóvenes normalistas que estaban dispuestos a irrumpir en un acto de precampaña de quien aspiraba a suceder a su marido en la presidencia municipal de Iguala.
Lo ocurrido con los 43 normalistas de Ayotzinapa es una historia que en Guerrero se cuenta en partes. Las versiones del rapto y posteriores ejecuciones de los jóvenes dejaron de contarse en esas mesas de café, por seguridad, pues en esa tierra caliente, se sabe lo que realmente pasó.
Frente a esos relatos anecdóticos, la recomendación que el pasado 2 de julio emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos a cargo de Rosario Piedra Ibarra, donde exculpa la intervención de elementos castrenses en la detención y posterior desaparición de los jóvenes normalistas, es uno de los mayores y vergonzosos dictámenes que termina por consolidar a este organismo como un brazo gubernamental que no cumple con sus funciones de manera imparcial.
Plagado de imprecisiones, el documento presentado por la CNDH se atreve a descalificar los trabajos y dictámenes que en su momento fueron emitidos por organismos internacionales como la ONU, OEA, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organizaciones civiles y, de manera particular, apunta en contra de los trabajos realizados por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes.
La recomendación emitida por Rosario Piedra Ibarra en torno al caso Ayotzinapa a escasos dos meses de cumplirse 12 años de esa tragedia, expone que hoy México carece de un organismo garante en la defensa de derechos, pues lo que se confirma de manera contundente es que, con este informe, no sólo se descalifica a quienes dedicaron mucho a la investigación de los hechos.
También se invisibiliza la lucha de familiares y el derecho de las víctimas de reconstruir esa verdad que todos intuimos, pero que se seguirá ocultando para blindar a un ejército que tendría que seguir rindiendo cuentas por lo acontecido en aquella fatídica noche de Iguala.
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