Al mediodía de este lunes vecinos y colectivos ciudadanos se manifestaron en el centro de Xalapa acusando a un presunto “cartel inmobiliario” de despojar viviendas y terrenos mediante prácticas irregulares. Los inconformes marcharon y se concentraron frente al palacio de gobierno, exigiendo freno a lo que califican como una red de corrupción que involucra a notarios, funcionarios y empresarios.
Los testimonios señalan que familias enteras han sido desalojadas con órdenes judiciales cuestionables, mientras que propiedades son revendidas a precios inflados o destinadas a proyectos privados sin consulta previa.
Los manifestantes portaron pancartas con consignas como “basta de despojos”, responsabilizando a autoridades municipales y estatales de permitir estas prácticas.
Martha Patricia Aguilar Rendón manifestó que tienen documentados unos 200 casos de despojo en diferentes zonas del estado, en los cuales la mayoría de las víctimas son adultos mayores que viven solos, quienes, dijo, enfrentan mayores dificultades para defender su patrimonio. Aseguró además que han recibido amenazas. “Nos dijeron que si no parábamos esto nos iban a matar. Ya no estamos dispuestos a soportar más injusticias ni más impunidad”, expuso.
El abogado Eduardo de la Torre Jaramillo señaló que “ya no vamos a negociar cada quien por separado con ministerios públicos o juzgados. Queremos una mesa de trabajo directamente con la gobernadora, con la fiscal y con la presidenta del Tribunal Superior de Justicia para conocer por qué las denuncias no avanzan”.
La protesta también incluyó la denuncia hacia utilización de vacíos legales y trámites exprés para legitimar escrituras, así como la presión sobre personas adultas mayores o con escasos recursos para que cedan sus bienes. Los colectivos advierten que se trata de un fenómeno creciente en Xalapa y municipios aledaños, donde la especulación inmobiliaria se ha intensificado.
La gobernadora Rocío Nahle García reconoció públicamente que el problema no se limita a la capital, sino que se extiende “en todo el estado”, con denuncias y quejas en diversas regiones, y aseguró que ya se han cerrado tres notarías por inconsistencias detectadas en sus operaciones, como parte de las revisiones emprendidas por su gobierno.
Aunque evitó dar nombres específicos, aseguró que se continuará con la supervisión y que posteriormente se dará a conocer la información detallada .
La mandataria subrayó que su administración no permitirá que se sigan cometiendo despojos ilegales de viviendas, pero también advirtió que no se prestará a intereses particulares que pretendan aprovechar el conflicto.
Respecto a la exigencia de los manifestantes de ser recibidos personalmente, Nahle señaló que analizará junto con el secretario de Gobierno Ricardo Ahued la forma de brindar atención a los afectados, asegurando que “vamos trabajando; estamos resolviendo”
