En la primera comparecencia formal en Estados Unidos del general retirado Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa durante el gobierno de Rubén Rocha Moya, la jueza federal Katherine Polk Failla sostuvo que la evidencia reunida por la Fiscalía estadounidense es “abundante” y que se trata de una investigación de gran complejidad, lo que podría marcar el rumbo del proceso judicial que enfrenta por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
La audiencia tuvo una duración menor a 20 minutos y estuvo centrada en cuestiones procesales relacionadas con el intercambio de evidencias y la programación del caso. No obstante, las declaraciones de la jueza llamaron la atención debido a que adelantó la magnitud del expediente construido por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
“Este es un proceso en el que la evidencia es abundante, voluminosa (…) y es un proceso en el que los acusados están llegando en olas. Es un proceso complejo”, señaló Polk Failla, de acuerdo con reportes de medios presentes en la audiencia.
La juzgadora incluso advirtió que podrían producirse nuevas detenciones y comparecencias relacionadas con la investigación que involucra a una decena de funcionarios y exfuncionarios sinaloenses señalados por presunta colaboración con la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa.
Durante una audiencia celebrada en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, la magistrada avaló la solicitud de los fiscales para disponer de un plazo de 60 días con el fin de procesar y entregar a la defensa el cúmulo de pruebas recabadas en la investigación. La siguiente comparecencia fue fijada para el próximo 4 de agosto.
Mérida Sánchez se convirtió en el primer integrante del llamado “caso Rocha Moya” en comparecer ante la justicia estadounidense después de entregarse voluntariamente el pasado 11 de mayo en Nogales, Arizona. Posteriormente fue trasladado a Nueva York, donde permanece bajo custodia federal.
El exfuncionario ya se había declarado no culpable de los cargos formulados en su contra durante una audiencia inicial realizada a mediados de mayo. Las acusaciones incluyen conspiración para importar narcóticos a Estados Unidos, posesión de armamento prohibido y conspiración para poseer armas de uso restringido, delitos que podrían derivar en penas extremadamente severas en caso de una eventual condena.
Según la acusación presentada por el Departamento de Justicia, Mérida Sánchez habría recibido sobornos de hasta 100 mil dólares mensuales por parte de integrantes de “Los Chapitos” a cambio de brindar protección institucional, alertar sobre operativos de seguridad y facilitar las actividades de la organización criminal.
