Por Carlos Tercero
El pragmatismo –entendido como la actitud que evalúa la verdad, el valor o el significado de las ideas por su utilidad, viabilidad y consecuencias prácticas– fue considerado una virtud política. Gobernar implicaba negociar, ceder y ajustar el rumbo ante circunstancias cambiantes, porque ningún proyecto podía sostenerse en la rigidez absoluta sin pagar costos. En ese sentido, el pragmatismo operaba como un correctivo y no sustituía a la ideología, sino que la hacía viable.
Hoy, esa relación parece haberse invertido. El pragmatismo ha dejado de ser un instrumento para convertirse en el criterio dominante de la acción política. Ya no corrige a la ideología y, en muchos casos, la reemplaza. Lo que antes era una herramienta al servicio de un proyecto se ha transformado en la ausencia misma de proyecto.
El cambio no es menor. Cuando las decisiones públicas se justifican únicamente por su eficacia inmediata, la coherencia pierde valor, las posiciones se vuelven intercambiables, las promesas se ajustan a la coyuntura y las convicciones se diluyen en función de lo que resulta políticamente correcto. No es que los actores cambien de opinión, es que han dejado de necesitar una. Este desplazamiento tiene consecuencias visibles. La primera es la inconsistencia, donde políticas que se defienden con firmeza pueden ser abandonadas sin mayor explicación, y medidas antes rechazadas terminan adoptándose sin costo político significativo. La segunda es el debilitamiento de la confianza, ya que cuando el discurso se adapta constantemente, la palabra pública pierde credibilidad. La tercera es la reducción del horizonte político, pues lo importante cede ante lo urgente y el largo plazo queda subordinado a la lógica electoral.
En este contexto, el pragmatismo deja de ser una cualidad de la política para convertirse en su lógica dominante. Todo se evalúa en función de si funciona, pero rara vez se discute para qué, de modo que la eficacia termina por sustituir al sentido. El resultado es una política que puede resolver problemas inmediatos, pero que tiene crecientes dificultades para construir rumbo.
Los partidos políticos son un claro ejemplo, ya que han normalizado la flexibilidad como estrategia. Las alianzas que en otro momento habrían sido impensables hoy se justifican en nombre de la competitividad, mientras las diferencias ideológicas se relativizan y las posiciones se ajustan según la conveniencia del momento. Más que representar proyectos definidos, muchas fuerzas políticas operan como estructuras orientadas a potenciar beneficios. Esta lógica también se refleja en la acción de gobierno. Decisiones relevantes se explican por su viabilidad inmediata más que por su coherencia con una visión de largo plazo, lo que vuelve a la política pública reactiva y más pendiente de la coyuntura que de la planeación. En paralelo, la relación con la ciudadanía tiende a simplificarse en términos de beneficios concretos, reforzando dinámicas de corto plazo y debilitando la construcción de acuerdos más amplios.
El problema no es el pragmatismo en sí mismo. Ningún gobierno puede prescindir de él sin caer en inoperatividad, incluso parálisis, ya que la capacidad de adaptación es una condición necesaria para gobernar en contextos complejos. El riesgo aparece cuando esa adaptación deja de tener un marco de referencia y se convierte en un fin en sí misma. Sin un horizonte claro, el pragmatismo pierde su función correctiva y se transforma en una lógica vacía. En ese punto, la política deja de responder a una pregunta fundamental sobre hacia dónde se quiere ir. Puede administrar, ajustar y contener, pero difícilmente puede orientar, y cuando la orientación desaparece también lo hace la posibilidad de exigir coherencia y evaluar resultados con criterios claros.
No se trata de abandonar el pragmatismo, sino de devolverlo a su lugar, entenderlo como un medio y no como un fin, y recuperar la idea de que la política requiere algo más que resultados inmediatos. Necesita dirección, sentido y responsabilidad, porque cuando todo se justifica en nombre de lo que funciona en el momento, se pierde de vista lo que debería importar en el largo plazo. En esa pérdida, la política deja de ser un ejercicio de conducción para convertirse apenas en una administración de inercias.
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