La SEV: el rostro duro del régimen

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Por Juan José Llanes

Este lunes 23 de marzo la secretaria de Educación de Veracruz, Claudia Tello, acudió a las oficinas centrales de la SEV, en donde el Sindicato Innovador Magisterial Veracruzano realizaba una protesta por el despido de una veintena de sus socios. Una de las trabajadoras afectadas, Yessica, se dirigió a ella, pero la escena terminó por cristalizar y revitalizar ese problema que la otra Claudia (Sheinbaum) dijo que quedaría superado a partir de que ella rindiera protesta como presidenta: la invisibilidad de las mujeres.

Y es que lo que Yessica le dijo a Tello, se lo dijo en náhuatl de la huasteca, su lengua materna.

Y lo que le pidió fue que le devolviera su trabajo.

Yessica es una de las 19 personas despedidas del llamado “Programa Vasconcelos” de la SEV, entre las que hay 7 mujeres, dos de ellas indígenas, cuya lengua materna no es el español, aunque son bilingües. Además de la titular de la SEV, tampoco le entendieron a esta trabajadora los funcionarios de la Secretaría de Trabajo de Veracruz que fueron arropando a la titular de la SEV, en ese intento de quien encabeza esa otra secretaría por alcanzar ese nivel de protagonismo que se frustró tras de que fracasara el ensayo de reforma laboral burocrática -de finales del año pasado- cuando se planeó tomar el control de los sindicatos burocráticos.

Y tampoco pudieron transliterarle a Claudia Tello lo que Yessica le dijo (en su lengua originaria, que es en la que mejor se expresa) los otros empleados de la SEV a los que se movilizó para que acompañaran a la secretaria, y simularan querer entrar a trabajar en una adscripción que no tienen, en las oficinas centrales.

Esos otros trabajadores, al igual que los del Programa Vasconcelos, tampoco tienen estabilidad laboral.

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En 2023 trabajadores de ese “Programa Vasconcelos” decidieron reclamar ante la instancia judicial que se les reconociera su antigüedad (en casos como el de Yessica, desde el 2009); su derecho a la estabilidad laboral y a la seguridad social completa, porque solamente tenían acceso al IMSS pero no estaban inscritos en ningún sistema pensionario.

Al iniciar esta administración estatal en diciembre de 2024, se les dio un ultimátum: o se desistían de la pretensión consignada en su demanda, o se les despediría. A lo largo de ese periodo se intentó que siguieran firmando contratos de trabajo trimestrales, que nunca explicitaron la razón de su temporalidad. Así, cuando el 7 de enero de 2026 los atajaron en la puerta de su centro de trabajo, les dijeron que su “contrato había terminado”.

Entonces ampliaron sus acciones legales y demandaron también su reinstalación. Y como el actual régimen pregona como un triunfo de la “transformación” los incrementos al salario mínimo y ellos ganaban menos, reclamaron también que se les reinstale con por lo menos ese salario. Privados ya de los servicios médicos del IMSS, uno de esos trabajadores tuvo problemas de salud y apenas pudo mover la mano para firmar la demanda.

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Me permitiré especular y diré que, me imagino, que todo eso pretendía explicarle Yessica a Claudia Tello, quien acudió a la SEV para “liberar” (sin mayor diálogo) las oficinas en las que despacha, bajo el argumento de que debía implementar lo necesario para que los maestros pudieran hacer los cobros de sus emolumentos antes del receso vacacional de Semana Santa. Pero pasó por alto que se sabe que, desde febrero de este año, la gobernadora del Estado anunció la “nómina única” que concentra todos los pagos en la Secretaría de Finanzas y Planeación.

Aprovechando la presencia de medios de comunicación, la titular de la SEV no perdió la oportunidad de evocar a la presidenta de México, y citó la vocación sindicalista de la mandataria federal. Aunque habría sido más alentador saber si esa vena sindicalista la comparte la gobernadora (de quien Tello se olvidó), lo cierto es que sin darse cuenta —quizás— intentó trasladar el conflicto a Palacio Nacional.

Pero si ello no fuera suficiente, se tomaron otras medidas: abrir carpetas de investigación, e incoar la pérdida del registro sindical del SIMVE ante un Tribunal que —aunque aguarda lo que entiende como “órdenes superiores”- está expedito para proveer Justicia a la SEV (que no a los trabajadores), con el acompañamiento de una constelación de asesores de la Secretaría de Trabajo.

El rostro autoritario del régimen se muestra en la SEV, en donde -desde el inicio de esta administración- se detectó el “problema” de la existencia de un plurisindicalismo sobre el que no se tiene control. Y así, ante la imposibilidad de darle salida a los conflictos laborales a través del diálogo (que quizás lo sabotean quienes hablan náhuatl), o ante la escasez de operadores que no sean marca Caterpillar, se opta por instrumentar otras opciones aprovechando que se tiene a disposición al Tribunal, a la Fiscalía, y a la policía.

Este miércoles se levantó la protesta en la SEV, tras la advertencia de un posible desalojo con la fuerza pública. Se queda sobre la mesa la posibilidad de cárcel a dirigentes sindicales y, como siempre, despido a los trabajadores que busquen ejercer sus Derechos Humanos a la estabilidad laboral, al salario mínimo y a la seguridad social. Y hacia los demás sindicatos, la advertencia puntual: pérdida de registro y extinción para los que no se alineen.

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Ya no sé qué pensar cuando escucho que es “tiempo de mujeres”, y que “llegaron todas”.

Yessica, no.