Por Carlos Tercero
Aun con lo perfectible que pueda ser la democracia en México, es evidente que nos ha permitido libertades, derechos y garantías que con el paso de los años se perciben como naturales. Esa normalidad es, en sí misma, una conquista. Sin embargo, esta cotidianidad suele hacernos olvidar el sacrificio y el costo social y político que implicó consolidarla. El desarrollo democrático exige también flujos importantes de recursos financieros y, en consecuencia, obliga a cuestionar cuánto cuesta sostenerlo.
Basta revisar algunos de los presupuestos anuales de nuestras instituciones garantes de la democracia. El Instituto Nacional Electoral contará este año con poco más de 14 mil millones de pesos, mientras que los partidos políticos recibirán 7 mil 737 millones en prerrogativas. Pero el costo de la democracia no se limita al ámbito electoral ni al sistema de partidos. Si el Poder Legislativo constituye el espacio de la representación popular, de la deliberación pública y de la toma de decisiones políticas, donde se aprueban las leyes que rigen la vida en sociedad, también debe considerarse lo que ejercerán en 2026 la Cámara de Diputados, con 9 mil 602 millones, y el Senado de la República, con 5 mil 103 millones. Estas cifras no son menores y reflejan la decisión de financiar públicamente la competencia política para reducir la dependencia de intereses privados y preservar condiciones de equidad.
No obstante, el costo de la vida democrática no se agota en estas instituciones. La expansión de organismos autónomos, mecanismos de transparencia, sistemas de fiscalización y estructuras de participación ciudadana ha incrementado el gasto público bajo la lógica de garantizar controles y derechos. En términos normativos es una evolución saludable; en términos administrativos representa una presión presupuestal difícil de ignorar. Esa carga se manifiesta en múltiples estructuras, decisiones y programas de la administración pública, a veces como costo indirecto, pero siempre con impacto real.
Un caso particularmente sensible es la implementación de acciones afirmativas. La inclusión de grupos históricamente marginados en espacios de decisión constituye un avance ético y democrático incuestionable. El problema surge cuando la designación de perfiles no va acompañada de la experiencia, capacidad y conocimiento necesarios para desempeñar el cargo con eficacia. La representación no puede estar reñida con la competencia técnica. Cuando esto ocurre, el objetivo de justicia histórica se desvirtúa y la ciudadanía termina pagando el precio en forma de ineficiencia, improvisación o decisiones deficientes.
Existen igualmente políticas orientadas a fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas que, aunque necesarias, implican costos elevados. En una economía con restricciones fiscales y rezagos estructurales, cada peso destinado a informar –lo que implica difusión, transporte y movilizaciones masivas, distribución de materiales promocionales, equipamiento y despliegue logístico– compite con necesidades urgentes en infraestructura, salud o desarrollo social. La tensión es evidente. A ello se suman las campañas y los procesos electorales, que demandan fuertes sumas de dinero incluso antes y después de los periodos formales establecidos por ley.
La democracia, en efecto, no es barata, por lo que resulta pertinente contrastar si lo que cuesta corresponde al nivel de calidad institucional alcanzado y si la gobernabilidad democrática responde a la expectativa social. Además, el costo de hacer política en México no es únicamente financiero. En contextos marcados por la inseguridad y la violencia, participar en la vida pública puede implicar riesgos personales que van desde la descalificación oficiosa o por consigna hasta amenazas a la integridad física.
Evaluar el costo de la democracia no significa descalificarla. Significa exigir que los recursos destinados a sostenerla se traduzcan en instituciones eficaces, gobiernos responsables y representación auténtica. La democracia requiere financiamiento, pero en contraparte exige resultados.
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