Por Alberto J. Olvera
El sistema político mexicano vive un momento crítico por una combinación única de factores externos e internos. El contexto internacional se caracteriza por la reforzada vocación imperial de Estados Unidos, que busca reconfigurar el mapa político de América Latina, y por el avance de partidos de derecha en casi todos los países de la región. En lo interno, la hegemonía de Morena —casi total por su control sobre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial— oculta una intensa lucha de poder entre sus diversas facciones derivada de la crisis del pacto de impunidad en que se basan sus alianzas internas.
Tanto las exigencias de Estados Unidos como la necesidad de que la presidenta Sheinbaum asuma una verdadera autoridad sobre el Estado en su conjunto impactan el orden político. En ambas dimensiones lo que está en juego es la definición del régimen, que por ahora parece ser un autoritarismo sin competencia, pero carente de un mando central, que es la clave de todo autoritarismo. La presidenta es, en apariencia, la más poderosa en treinta años, pero al mismo tiempo, es la más débil al carecer de autoridad real sobre su partido, el congreso y los gobernadores de su coalición. Esta situación transicional no puede prolongarse más a riesgo de comprometer la gobernabilidad interna y la soberanía nacional.
Los factores externos son bien conocidos. El gobierno de Trump ha aprovechado la debilidad de los últimos gobiernos de “izquierda” autoritaria y aliada a China y Rusia en la región para impulsar cambios de régimen en ellos. Venezuela, Cuba y Nicaragua entran en la categoría. En el primero de ellos se ha instalado un protectorado impuesto con amenaza militar, acción directa discreta y sometimiento inmediato de la élite chavista para evitar mayor violencia y la pérdida de sus privilegios. Es incierto el desenlace de esta peculiar forma de intervención, precedida por ejecuciones extrajudiciales en altamar de supuestos narcotraficantes. Cuba está bajo asedio total, por lo que es difícil predecir qué va a pasar, pues el régimen totalitario no puede ofrecer salidas negociadas. Y en Nicaragua es posible pensar en una salida “a la venezolana” más adelante. Trump tiene urgencia de mostrar su capacidad imperial este mismo año por razones electorales.
En cuanto a México, el presidente estadunidense pretende obligar al gobierno a romper sus pactos de impunidad para poner bajo control a las grandes mafias criminales, que administran dos mercados sensibles en términos de la política interna de Estados Unidos: la exportación de drogas y el tráfico de personas. Trump y su gobierno piensan que México no sólo tolera a los grupos del crimen organizado, sino que les ha cedido poder territorial y político. No les falta razón, aunque su objetivo no es promover la justicia en nuestro país, sino poner en jaque a un régimen que ha dependido de esos pactos para extender su hegemonía.
Mientras tanto, la derecha ha avanzado en casi toda América Latina, logrando triunfos electorales recientes, tanto presidenciales como parlamentarios, en Argentina, Chile, Paraguay, Bolivia y Costa Rica, con posibilidad de imponerse también en las ya muy próximas elecciones presidenciales en Perú, Colombia y Brasil. De hecho, en Perú gobierna una coalición de mafias regionales de derecha a través del parlamento; en Brasil la derecha tiene copado al presidente Lula; y en Colombia la suma de errores del presidente Petro y la fuerza regional de la derecha han impedido el despliegue del programa “progresista” en ese país. Esto significa que el gobierno mexicano está muy aislado en la región, problema que se ha agravado por la ausencia de diplomacia proactiva en el anterior y actual gobierno.
En el frente interno, Morena y AMLO han logrado imponerse sobre el PAN y el PRI al grado de casi borrarlos del mapa político. Han transformado la constitución en menos de un año hasta expurgarla de todas las reformas que se le hicieron en el periodo neoliberal-democrático. Se ha producido una restauración del viejo orden presidencialista-centralista-estatista. La vía para lograrlo fue una sucesión de triunfos electorales decisivos desde 2018 hasta 2024, cuyo eje fue la figura carismática de López Obrador, quien instauró un régimen populista, de naturaleza personalista y concentrador del poder. Y bajo el pretexto de la urgencia por imponer en un solo sexenio una reversión total de las leyes, instituciones y políticas públicas neoliberales, se alió para gobernar y controlar el parlamento y los gobiernos estatales con todo tipo de poderes fácticos regionales y sectoriales. El precio del éxito electoral y del control sobre el congreso ha sido muy alto.
Las alianzas con partidos oportunistas como el Partido del Trabajo y el Partido Verde han sido costosas, pues esos partidos no sólo se han empoderado, sino que son una vía de escape para futuras divisiones internas en el partido Morena. Las alianzas con las corporaciones sindicales heredadas de los tiempos del PRI han reconstituido en plenitud el corporativismo del viejo régimen. Los pactos con grupos criminales locales y regionales, necesarias para financiar campañas electorales formidables, empoderaron a esos grupos justo en una época en que el negocio criminal se fue transformando y complejizando. En todo ello, Morena fue tan pragmático como lo habían sido en su tiempo el PRI y el PAN.
El populismo depende de un líder extraordinario, quien logra mantener unidas las partes de un sistema heterogéneo y hasta cierto punto caótico. La particularidad de México es que el líder no pudo seguir gobernando de manera directa, tanto por razones legales (no reelección) como por la salud precaria del líder. Esta circunstancia abrió un proceso inédito de “institucionalización” del populismo, lo cual es una contradicción. El populismo es por naturaleza antiinstitucional, pues el régimen todo debe obedecer al líder, que para imponerse pasa por encima de instituciones y leyes, como demostró fehacientemente el propio AMLO.
El líder delegó el poder formal, pero no el real, pues las lealtades de los políticos de alto rango aún están con López Obrador. Esta situación de doble poder, o de presidencia bifronte impide que Sheinbaum, una tecnócrata más entendida en las artes de gobernar, pueda tomar las medidas de emergencia necesarias para enderezar el barco que AMLO dejó casi hundido.
Terminado el programa de reformas constitucionales antiliberales (excepto la electoral, por demás innecesaria), el reto ahora es controlar la influencia y poder de múltiples grupos del crimen organizado en los territorios y darle viabilidad al capitalismo hiperdependiente mexicano. La primera tarea implica la ruptura de los pactos de impunidad que sostienen al régimen mismo. Desde el punto de vista interno, ésta es una tarea que debería concluirse a fines de 2026, para evitar que el crimen controle de nuevo los procesos electorales en al menos un tercio del país. Y en 2027 hay unas elecciones decisivas, parlamentarias y de diecisiete gobernadores, cientos de alcaldes y los jueces restantes de elegir, federales y locales. Ese plazo es el mismo impuesto por el imperio, pues Trump enfrenta él mismo unas elecciones decisivas de medio término en noviembre de 2026. Se ve muy difícil que la presidenta pueda deshacer el nudo gordiano del pacto de impunidad en tan corto tiempo. Más bien parece que la presidenta será víctima de los chantajes de todos los poderes fácticos.
Sin embargo, el factor externo juega aquí a su favor. La presión del imperio puede permitir (obligar a) sancionar o sacar de la jugada a algunos actores políticos estratégicos en las alianzas con grupos criminales. Si algo de esto se logra, será un paso clave para el gobierno Sheinbaum, que se juega este año su futuro político.
Darle horizonte al capitalismo mexicano es a la vez una oportunidad y un reto formidable. Estados Unidos requiere ahora y seguirá necesitando mano de obra barata y la falta de regulación ambiental, laboral y fiscal en nuestro país. Pero hacer eso con algún margen de maniobra implica disciplina financiera, control territorial, certidumbre para los inversores, mínimo funcionamiento del sistema de justicia, más infraestructura, en suma, un Estado operativo que está muy lejos de existir.
Para construirlo, es necesario romper los pactos de impunidad, abrir las puertas a la inversión extranjera en las industrias petrolera y eléctrica (dada la inexistencia de capital estatal y la imposibilidad de mayor endeudamiento) e imponer control sobre las fuerzas armadas, hoy convertidas en un archipiélago de intereses creados y creciente corrupción sistémica. También, controlar a los gobernadores morenistas, muchos de los cuales son verdaderos autócratas subnacionales, como el patético caso de Layda Sansores demuestra.
Esta coyuntura debería conducir a la formación de una verdadera oposición política, hoy inexistente. Una oposición constructiva, no sólo testimonial; una oposición con programa, no ocurrencias; una oposición con legitimidad, no un mero reciclaje de liderazgos. Grandes exigencias en un solo año.
Este texto fue publicado originalmente en el blog de Nexos. Agradecemos a su autor la autorización para su publicación.
