José Antonio Romero Tellaeche fue destituido como director del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) por la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti); sin embargo, se niega a dejar el cargo, alegando que la medida es ilegal.
En su lugar, Rosaura Ruiz Gutiérrez, titular de la Secihti, designó de manera interina a la investigadora Lucero Ibarra Rojas.
Romero Tellaeche –quien rechazó la remoción, calificándola de “acuerdo político” y aseguró que seguirá despachando como director- fue impuesto como director del CIDE en noviembre de 2021 por María Elena Álvarez-Buylla, entonces titular de Conacyt.
Su gestión estuvo marcada por protestas estudiantiles y académicas que denunciaban falta de transparencia y autoritarismo en su designación. Además, se acreditó que plagió textos que presentó como investigaciones propias.
Romero Tellaeche sostiene que no se siguieron los procedimientos estatutarios para su destitución. En una carta dirigida a los integrantes del Órgano de Gobierno del CIDE, afirmó que la legislación vigente establece que la remoción anticipada de la persona titular de la Dirección General únicamente puede tener lugar cuando se acrediten fehacientemente causas legales expresamente previstas, observando en todo momento el principio de legalidad, el debido proceso y el derecho de audiencia, y mediante resolución adoptada en sesión formal del Órgano de Gobierno, debidamente convocada, con un punto específico en el orden del día y constancia en el acta respectiva.
“En los supuestos relacionados con el desempeño institucional, la normativa aplicable exige la intervención y consideración de instancias técnicas de evaluación, cuyo carácter no es político sino especializado, y cuyas opiniones forman parte sustantiva del procedimiento legalmente válido”, expuso.
Por ello, indicó, en tanto no se actualice alguno de los supuestos previstos en la ley ni se desarrolle el procedimiento correspondiente en los términos señalados, la persona titular de la Dirección General conserva plenamente sus atribuciones legales y estatutarias, así como la responsabilidad de continuar ejerciendo el cargo, retando a la Secihti.
“Con base en lo anterior, reitero mi plena disposición a seguir desempeñando las funciones que me han sido conferidas, con estricto apego al marco jurídico aplicable, a los principios de legalidad, institucionalidad y responsabilidad pública, y al respeto irrestricto de las decisiones que, en su caso, adopte este Órgano de Gobierno conforme a derecho”, amagó.
