Crónica de la estafa del reemplacamiento en Veracruz: “son las instrucciones que nos dieron, vaya a Finanzas si no está de acuerdo”

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El reloj marcaba las primeras horas de la madrugada mañana cuando decenas de ciudadanos aguardaban su turno en el módulo de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV). La escena era la habitual: filas interminables, rostros cansados y la resignación de quienes saben que el trámite vehicular puede convertirse en una jornada de desgaste.

Entre ellos, una usuaria llegó con la esperanza de concluir el proceso de alta de su vehículo y acceder al descuento anunciado en el decreto gubernamental publicado el 1 de enero. Sin embargo, lo que parecía un trámite rutinario se transformó en una experiencia de frustración y enojo.

El desencuentro con el decreto

La ciudadana presentó su factura de compra, fechada el 16 de diciembre, convencida de que el beneficio aplicaba. Con la Gaceta Oficial en mano, leyó el artículo que establecía el descuento y pidió a los funcionarios que le mostraran dónde se especificaba que solo era válido para autos adquiridos a partir de enero de 2026. La respuesta fue tajante: “Son las instrucciones que nos dieron, y el sistema no arroja el descuento para su factura”.

El cobro inesperado

La sorpresa llegó al recibir la hoja de pago. En ella aparecían conceptos de tenencia, multas y recargos. La usuaria reclamó: su vehículo no debía pagar tenencia por su bajo costo y, además, en Veracruz ese impuesto ya no existe. Argumentó que había circulado con un permiso vigente, por el cual había pagado, pero la respuesta fue la misma: “Así sale en el sistema, vaya a Finanzas si no está de acuerdo”.

El desgaste humano

El cansancio acumulado por horas de espera, la presión de la fila detrás y la negativa de los burócratas llevaron a la usuaria a tomar una decisión que después lamentaría: pagar. “Estoy frustrada, desvelada, cansada, enojada y triste por haber pagado mucho dinero”, relató al salir del módulo.

Una escena repetida

La historia refleja lo que muchos ciudadanos viven en los módulos de atención: trámites lentos, criterios poco claros o francamente contradictorios, y un sistema que parece imponerse por encima de la ley. La usuaria se marchó con la sensación de haber sido obligada a pagar lo que no correspondía, mientras otros esperaban resignados su turno en la fila interminable.