Por Juan José Llanes
Que todo cambie para seguir igual. Lo que importa es el dinero.
Conocí de cerca la idea embrionaria de la UPAV. La perspectiva de Guillermo Héctor Zúñiga era utópica, pero impregnada de nobleza y sentido social. Pensaba -según pude oír de él mismo- que, si alguien tiene algún conocimiento y lo deseaba compartir con otro, se le debían dar las condiciones para que lo hiciera. Decía que, al final, la “escuela” no es un inmueble, sino el binomio maestro-alumno.
En ese camino que siguió la Universidad Popular Autónoma de Veracruz tras su fundación, en algún punto la idea se distorsionó, se desvió o -de plano- se pudrió. Creo que al margen de la noción de la “solidaridad” que debe existir entre el que algo sabe y el que nada sabe, y la disposición del primero por enseñarle al segundo, la cristalización de ese anhelo puede ser difícil de concretar cuando las cosas las toma y las dirige el Estado.
La UPAV reveló de manera brutal una realidad que en México se ha soslayado siempre: la Constitución consagra el Derecho Humano a la Educación y sostiene que debe ser gratuita, pero al final no lo es. Siempre algo se cobrará por ese servicio que presta el Estado, aunque sea lo mínimo. Y en la UPAV se ha tomado el dinero de personas a las que ni siquiera se ha tenido la decencia de llamarles formalmente “alumnos”.
La UPAV nunca ha tenido alumnos sino “aprendientes”, como si el cambiarle el nombre a algo modificara su esencia.
Ese servicio se ha prestado, además, a través de otras personas que cumplen la tarea sustantiva de la Universidad: los maestros. Esos, los docentes, profesores o como se les quiera llamar, se volvieron los receptores del primer agravio (mayúsculo) que infirió el sistema: no se les consideró maestros, ni profesores, ni docentes. Se decidió llamarles “asesores solidarios”, en ese esquema ruin y fantasioso que llevó a la UPAV a sostener que quienes prestan un servicio personal subordinado para cumplir su objeto sustantivo, con los escasísimos medios que se les da, no tienen con esa institución un vínculo de naturaleza laboral.
Por ende, esa contraprestación que reciben tales “asesores solidarios”, la UPAV decidió -por sí y ante sí- no llamarle “salario”. En consecuencia, no hay ninguna otra prestación mínima, ni siquiera las que comprometen Derechos Humanos, como la seguridad social.
Ese esquema se reprodujo en las llamadas Universidades para el Bienestar “Benito Juárez García”, en las que los maestros firmaron convenios de “prestación de servicios educativos”, a través de los que se obligan avrealizar acciones de apoyo para el inicio de actividades en sedes educativas, planear e impartir cursos; a conducir actividades académicas en aula o medios digitales o virtuales; a elaborar informes de evaluación académica, y a contribuir para el correcto funcionamiento de la sede educativa del programa con el cual “colaboran”.
En esencia, es lo mismo que en la UPAV, y -como en la UPAV- a los maestros de ese fallido invento del lopezobradorismo no se les considera trabajadores.
El Poder Judicial Federal modificó esa perspectiva en la tesis I.15o.T.7 L, con registro digital 2031242, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 53, septiembre de 2025, Tomo II, Volumen 2, página 1605, de rubro: “UNIVERSIDADES PARA EL BIENESTAR BENITO JUÁREZ GARCÍA. LA RELACIÓN JURÍDICA ENTRE EL PERSONAL DOCENTE Y EL ORGANISMO COORDINADOR ES DE NATURALEZA LABORAL”.
Pero -cabe mencionar- que ese fue el otro Poder Judicial Federal; el que se destruyó en el pasado reciente, antes de que las personas juzgadoras fueran “electas” y sus nombres figuraran en acordeones. El futuro de todos los criterios anteriores a la actual época se volvió incierto.
A los “aprendientes” se les ha condicionado siempre la prestación de un servicio que, constitucionalmente, se define como “gratuito” a la aportación de un dinero que iba a dar a personas morales particulares. Tales asociaciones (que fueron muchas), cambiaban su denominación y domicilio, y presentaban toda la facha de ese modus operandi que tanto usó el duartismo: las empresas fantasmas.
Pero esos esquemas de un régimen, como el de Duarte, corrupto hasta la médula, no variaron ante la llegada al poder de la llamada “Cuarta Transformación”. En la UPAV todo quedó igual. Por eso siempre he insistido: en más de un sentido Duarte sigue gobernando, porque el andamiaje que construyó para el saqueo y el incumplimiento de las normas ahí sigue.
El dinero que entraba tales “asociaciones civiles”, del que se tomaba una parte pequeña para “pagar” a docentes, nunca fue objeto de transparencia ni de rendición de cuentas ni de fiscalización.
Quizás quienes manejaron esos recursos fueron demasiado golosos. O lo aplicaron en otras cosas (el peculado, la inyección de recursos a las actividades políticas). Creo que nunca lo sabremos. Pero lo cierto es que cuando empezó a crujir el sistema financiero de la UPAV y se cercenaron los pagos a maestros, y se “extraviaron” (aunque sea momentáneamente) documentos de alumnos, y la gente salió a las calles a protestar, el gobierno volteó a ver el problema.
Y el régimen hizo lo que mejor le sale: prometer el cambio radical, depurar, purificar, y hacer honesta, eficaz, transparente y proba a la UPAV. Y más aún: regularizar la situación de aquellas personas a través de las cuales se cumple la tarea primigenia de la institución: los maestros.
Esto, obviamente, implica reconocerlos como lo que son (trabajadores); llamarle como se debe a lo perciben (salario); otorgarles las prestaciones que indica la ley, entre otras cosas, seguridad social, y hacer caso a aquello que la Organización Internacional del Trabajo insiste en que debe observarse: el Principio de Primacía de la Realidad que pregona que si alguien presta un servicio personal subordinado y se le da una remuneración, ése es un trabajador, sin importar que se intente simular que es otra cosa (como un “prestador de servicios educativos”)
Pero en el contexto de este régimen (de izquierda pero que tiene modos de derecha) la idea de que un trabajador pueda tener prestaciones, estabilidad laboral, y los derechos inherentes a su condición de empleado, no cuadra, no gusta, choca.
Entonces, como diría Esopo, parturient montes, nascetur ridiculus mus, el monte parió con estruendo y nació un ratoncito: en la reforma a la UPAV prometida por el Poder Ejecutivo se decidió lo único que en realidad interesa: a dónde poner el dinero y quién lo manejara, o sea la SEFIPLAN. De la estabilidad de los trabajadores, de su reconocimiento como tales, de sus prestaciones, etcétera, mejor ni hablamos. Y todo cambió para seguir igual.
El gatopardismo, vaya.
