Por Carlos Tercero
El darwinismo social nació en el siglo XIX como una extrapolación poco ortodoxa de la teoría biológica de Charles Darwin al ámbito de la vida social. Allí donde Darwin describía un proceso natural de adaptación y supervivencia entre especies, algunos pensadores vieron la oportunidad de construir una ideología que explicara –y justificara– las desigualdades humanas como un fenómeno inevitable, casi lógico. La pobreza, la exclusión y la dominación dejaron así de ser problemas políticos o morales para convertirse en resultados “naturales” de una competencia permanente entre individuos y grupos.
Herbert Spencer fue uno de sus principales difusores; a él se atribuye la popularización de la expresión “supervivencia del más apto”, aplicada no a la biología, sino a la sociedad. En su visión, los individuos y las naciones más fuertes prosperaban porque eran intrínsecamente superiores; los débiles, en cambio, estaban destinados a desaparecer. Cualquier forma de caridad, asistencia pública o intervención estatal no solo resultaba innecesaria, sino contraproducente, pues interfería con un proceso que, según esta lógica, garantizaba el progreso de la humanidad.
Esta doctrina ofreció una coartada intelectual poderosa para las élites económicas y políticas de su tiempo. Permitió presentar la desigualdad como mérito, la explotación como eficiencia y la dominación como una consecuencia legítima del orden natural. No es casual, por ello, que el darwinismo social se convirtiera en soporte ideológico del colonialismo europeo, del racismo científico y, más tarde, de la eugenesia, entendida como un distorsionado perfeccionamiento de la especie humana. Bajo esta premisa se justificaron conquistas, jerarquías raciales y políticas de exclusión sistemática, amparadas en la idea de que algunos pueblos eran “más aptos” que otros.
Aunque el descrédito moral y científico del darwinismo social creció a lo largo del siglo XX, sus supuestos no desaparecieron; simplemente mutaron. Hoy ya no se habla abiertamente de razas superiores, pero sí de Estados “fallidos”, economías inviables o sociedades incapaces de gobernarse a sí mismas. El lenguaje se ha sofisticado –en aparente apego a lo políticamente correcto–, pero la lógica de fondo no ha cambiado de manera sustancial.
En el siglo XXI, estas ideas resurgen bajo discursos de eficiencia, seguridad y estabilidad internacional. Las grandes potencias continúan apelando, de forma implícita, a la noción de que algunas naciones están mejor preparadas para participar en el contexto global, mientras que otras requieren tutela, presión o intervención. En este marco puede leerse la reciente actuación frente a Venezuela, un país profundamente deteriorado por años de autoritarismo, colapso institucional y crisis humanitaria que desbordó sus fronteras y bajo esta circunstancia, la intervención se presenta como una respuesta orientada a contener un daño mayor, frenar el deterioro democrático, limitar el impacto regional de la crisis venezolana y presionar a un régimen que había demostrado una sistemática incapacidad para corregir su propio rumbo. El argumento ya no se formula en términos biológicos, pero conserva una estructura jerárquica reconocible, en la que quienes concentran mayor poder económico, militar y político asumen razonablemente la facultad de influir sobre el destino de un Estado incapaz de garantizar condiciones mínimas de humanismo y gobernabilidad.
México no es ajeno a estas lógicas y, aunque no suele ser objeto de intervenciones directas, sí se encuentra inmerso en una narrativa en la que el éxito o fracaso nacional se explica con frecuencia a partir de parámetros de seguridad, combate a la delincuencia, así como competitividad y eficiencia global. El discurso que responsabiliza a los sectores más vulnerables de su propia exclusión, o que minimiza la función del Estado en la corrección de desigualdades estructurales, es una herencia clara de aquel pensamiento decimonónico.
El riesgo del darwinismo social no radica solo en su crudeza, sino en su aparente racionalidad, pues al presentar la desigualdad como inevitable reduce la política a una conciliación entre “aptos” y “no aptos”. Recordar su origen y sus mutaciones contemporáneas permite cuestionar narrativas que tienden a normalizar la injusticia como si fuera un costo aceptable del orden y del progreso.
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