La gobernadora Rocío Nahle García remitió al Congreso local una iniciativa de decreto que reforma diversos artículos del Código Financiero del Estado de Veracruz, con el objetivo de modificar la forma en que se administran los recursos provenientes del Impuesto por la Prestación de Servicios de Hospedaje.
En la iniciativa se plantea que los fondos recaudados por el impuesto al hospedaje puedan aplicarse no solo en promoción turística, sino también en “infraestructura pública de interés general”, ampliando su alcance.
Los representantes de las siete regiones turísticas del estado —que hasta ahora tenían voz y voto en la toma de decisiones sobre el uso de estos recursos— pasarían a tener únicamente voz, sin capacidad de voto.
El manejo de los recursos se realizaría a través de un fideicomiso, operado por un administrador especializado, lo que busca un mayor control técnico y centralizado de los recursos.
La iniciativa elimina la facultad de decisión de los representantes turísticos, reduciendo su papel a meros observadores o asesores.
Asimismo, el fideicomiso concentraría la administración de los recursos, lo que podría agilizar procesos, pero también limitar la participación democrática de los sectores directamente involucrados.
El sector hotelero y turístico podría considerar esta reforma como un retroceso en la participación ciudadana, al ser privados de su voto en un tema que afecta directamente a su actividad económica.
El impuesto al hospedaje ha sido históricamente destinado a la promoción turística y al fortalecimiento de las regiones. Con esta reforma, el gobierno estatal busca redirigir los recursos hacia obras públicas más amplias, argumentando que ello beneficiará también al turismo al mejorar la infraestructura general.
