Por Juan José Llanes
En agosto de 2011, en la época más oscura de Veracruz, fueron privados de la libertad por la entonces Procuraduría de Justicia del Estado y el Poder Judicial duartista, María de Jesús Bravo Pagola y Gilberto Martínez Vera. Fueron excarcelados poco después, y Maruchi (como se la conocía) falleció en el 2021.
El duartismo los acusó de terrorismo.
Durante el gobierno de Duarte fueron frecuentes los actos criminales y la violencia. En ese contexto, circularon en ese verano rumores sobre un posible ataque a una escuela primaria en la ciudad de Veracruz, Veracruz
Duarte condenó que estuviera circulando tal información y -según se dio a conocer- horas después, la Procuraduría General de Justicia pretendió enjuiciar a los titulares de 17 cuentas de Twitter por difundir esa información. Bravo Pagola y Martínez Vera fueron detenidos el 25 de agosto de 2011.
El caso llamó la atención internacional dado que resultaba evidente la verdadera intención del duartismo: silenciar, porque al hoy huésped del Reclusorio Norte le chocaba que se visibilizara la realidad de una entidad federativa en la que -según sus palabras- “no pasaba nada”.
El Código Penal de Veracruz define el terrorismo así:
“A quien utilizando explosivos, substancias tóxicas, armas de fuego o por incendio, inundación o por cualquier otro medio realice actos en contra de las personas, las cosas o servicios al público, que produzcan alarma, temor, terror en la población o en un grupo o sector de ella, para perturbar la paz pública o tratar de menoscabar la autoridad del Estado o presionar a ésta para que tome una determinación, se le impondrán de tres a treinta años de prisión, multa hasta de setecientos cincuenta días de salario y suspensión de derechos políticos hasta por cinco años”. (Artículo 311)
El diverso 313 del mismo ordenamiento precisa que “Se considera terrorista y se sancionará como tal a quien haga señales, dé voces de alarma o provoque estruendos por los medios idóneos, simulando la posible existencia de alguno de los actos considerados por el delito de terrorismo, con el fin de suscitar tumultos, desórdenes, alarma o zozobra aun cuando éstos no se produzcan”.
El tipo penal es complejo, y no existen muchos antecedentes jurisprudenciales que lo aborden. La doctrina -el explorar los delitos en particular- tampoco es tan extensa. En el imaginario social el “terrorismo” se asocia más con sucesos acaecidos en otras latitudes: lo mismo el ERI, que ETA, que las organizaciones extremistas islámicas. Debe advertirse que las normas generales que se desprenden de legislaciones de otros países o de tratados internacionales, no son uniformes en relación con este delito. La ONU, por ejemplo, no cuenta con una definición universal y legalmente consensuada de terrorismo.
En México, la idea de reconocer que se han presentado actos que -en alguna perspectiva- se pudieran encuadrar como “terrorismo” ha sido inadmisible. Así, el uso de explosivos por parte del crimen organizado, u otros sucesos (como el llamado “culiacanazo”) que -por donde se mire- han causado alarma en la población, se han definido de muchas otras formas.
Incluso, el encuadramiento que hizo el gobierno de EEUU de las actividades del narcotráfico asimilándolas a terrorismo, en México no fue bien recibida, bajo la perspectiva de que, cuando los norteamericanos asumen que hay terroristas fuera de su territorio y sus actividades les inciden, deciden por sí y ante sí que tienen a su disposición facultades que van desde los ataques en territorio extranjero hasta invasiones armadas.
Como persona interesada en el Derecho que he sido la mayor parte de mi vida, creo que -al igual que en el 2011- la intención de subsumir los actos del periodista Rafael León Segovia, conocido como Lafita León, a “terrorismo”, me parece antijurídica, desproporcionada, y con intenciones que van más allá de las atribuciones que puede tener el Ministerio Público como órgano de procuración de Justicia.
Pero, como ciudadano, me preocupa más el déjà vu que provoca la actuación de este régimen que se termina pareciendo -peligrosa y ostensiblemente- al de Javier Duarte. Creo que quienes dirigen el Estado (o quienes los asesoran) tendrían que repasar la historia reciente de Veracruz, y darse cuenta de que aquello que irreflexiva, precipitada y abusivamente hacen, nos remonta a esos momentos que quienes gobiernan ahora, prometieron borrar y nunca más reproducir.
