La sesión del Consejo Universitario General (CUG) celebrada el pasado 15 de diciembre se convirtió en un espacio de confrontación, luego de que el rector de la Universidad Veracruzana, Dr. Martín Aguilar Sánchez, mencionara con nombre y apellido a los académicos que han promovido juicios de amparo contra la prórroga que le fue otorgada por la Junta de Gobierno.
Durante la reunión, Aguilar y consejeros afines a la rectoría calificaron las acciones de disenso como parte de una “estrategia de desprestigio” hacia la institución, lo que generó fuertes críticas entre los universitarios inconformes. “A pesar de toda esta campaña ofensiva en contra de la institución y de mi persona buscando el desprestigio, la Universidad y el de la voz siempre les hemos respetado sus derechos a la libertad de expresión y asociación”, declaró el rector.
La académica y exabogada general de la UV, Marisol Luna Leal, respondió públicamente a estas declaraciones, señalando que aludir a personas ausentes en un foro de relevancia estatal constituye un abuso de poder y coloca a los disidentes en una posición de vulnerabilidad. “¿Qué finalidad persigue exponer públicamente, mencionando con nombre y apellidos, a quienes ejercemos nuestro legítimo derecho a disentir?”, cuestionó.
Luna Leal advirtió que las acciones emprendidas por la rectoría en los últimos meses —como cambios masivos de consejeros, presiones en instancias gubernamentales y académicas, restricciones en contrataciones y compensaciones, así como intimidación a estudiantes críticos— evidencian una deriva autoritaria que erosiona la pluralidad universitaria.
La académica subrayó que el disenso no debe confundirse con desprestigio institucional, pues su propósito es fortalecer la vida democrática de la Universidad Veracruzana. Asimismo, criticó que el rector presente como un gesto de generosidad el respeto a derechos humanos que son obligaciones constitucionales.
En su posicionamiento, Luna Leal también cuestionó la decisión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rechazar sin debate la solicitud de atracción (SEFA) presentada para revisar la legalidad de la prórroga rectoral, lo que calificó como una oportunidad histórica desperdiciada para redefinir los alcances de la autonomía universitaria.
El episodio refleja el creciente desgaste institucional de la UV y la tensión entre la rectoría y sectores académicos que insisten en defender la legalidad y la pluralidad como pilares de la vida universitaria.
