La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió no atraer el caso de la prórroga de Martín Aguilar como rector de la Universidad Veracruzana (UV), dejando la resolución en manos de tribunales federales en Veracruz.
En su sesión de este jueves, la SCJN rechazó ejercer su facultad de atracción en el conflicto legal relacionado con la prórroga del periodo de Martín Aguilar Sánchez como rector de la Universidad Veracruzana. Con esta determinación, los recursos de queja 370/2025 y 389/2025 permanecerán bajo análisis del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con sede en Veracruz.
La decisión de la Corte implica que el máximo tribunal del país no intervendrá directamente en un asunto que ha generado profundo malestar en la comunidad universitaria, pues diversos sectores han cuestionado la legalidad de la extensión del mandato de Aguilar Sánchez sin que mediara una convocatoria formal para la elección de rector.
La petición de atracción buscaba que la SCJN revisara el caso por su relevancia en materia de autonomía universitaria y legalidad de los procedimientos internos, pero los ministros resolvieron que el trámite debía continuar en las instancias ordinarias.
La negativa de la Corte evita fijar un precedente nacional sobre los límites de las juntas de gobierno en universidades públicas. Académicos y estudiantes han denunciado que la prórroga representa una forma de simulación institucional, al mantener en el cargo a un rector sin el proceso establecido en sus propias normas para llevarlo a cabo.
El Tribunal Colegiado, que ya ha desechado otros amparos sobre este asunto al ni siquiera entrar a su estudio de fondo, deberá resolver si la prórroga fue legal o si vulneró derechos de la comunidad universitaria.
La SCJN, de tendencia abiertamente pro-morenista, al igual que Martín Aguilar, se deslindó de intervenir en la disputa por la rectoría de la UV, dejando que los tribunales federales locales definan el futuro de la UV. Mientras tanto, la comunidad universitaria permanece expectante ante un proceso que pone en juego la credibilidad de la autonomía y la transparencia institucional.
