Por mayoría de votos, el Pleno de la LXVII Legislatura del Estado aprobó la noche de este martes la reforma a la Constitución del Estado de Veracruz para desaparecer en los hechos la autonomía de la Fiscalía General del Estado y entregarle el control del organismo procurador de justicia al Ejecutivo estatal.
En sesión nocturna que comenzó después de las 22 horas, se aprobó con 42 votos a favor y cinco en contra el dictamen que reformó la fracción XLIV del artículo 33; la fracción XXIII del artículo 49; la fracción I incisos a), b), c) y d) del artículo 67; y adicionó las fracciones XXIV y XXV al artículo 49, todos de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que establece que el nombramiento de la persona titular de la Fiscalía General del Estado será realizado a propuesta de quien encabece el Poder Ejecutivo.
La propuesta de la o el gobernador será sometida a la consideración del Congreso del Estado, el cual deberá resolver dentro de un término improrrogable de cinco días hábiles. El Congreso aprobará la propuesta por las dos terceras partes de las diputaciones presentes; en caso de que no se pronuncie respecto de la propuesta en el plazo señalado para tal efecto, se entenderá por aprobada.
En caso de que la propuesta no sea aprobada, se solicitará a la o el gobernador que remita una segunda propuesta, misma que será sometida nuevamente a votación en los mismos términos, dentro de los dos días hábiles siguientes; de no pronunciarse el Congreso dentro de este plazo, o si esta segunda propuesta no fuera aprobada, la persona titular del Poder Ejecutivo tendrá la facultad de designar a la o el fiscal de entre las dos personas que integraron las propuestas previamente sometidas a la consideración del Congreso.
Cuando se tenga conocimiento de la ausencia definitiva del fiscal, el gobernador remitirá la propuesta de nombramiento que será sometida a la consideración del Congreso, de acuerdo con el procedimiento previsto.
La reforma destaca que el fiscal podrá ser removido por el titular del Ejecutivo por las causas graves que establezca la ley. La remoción podrá ser objetada por el Congreso con la misma votación requerida para su nombramiento dentro de un plazo de cinco días hábiles, en cuyo caso, la persona titular de la Fiscalía será restituida en el ejercicio de sus funciones. Si el Congreso no se pronuncia al respecto, se entenderá que no existe objeción. Las ausencias de la persona titular de la Fiscalía General serán suplidas en los términos que señale la ley.
La duración del encargo de la persona titular de la Fiscalía General del Estado será de cuatro años, pudiendo ser ratificada por la o el gobernador para un segundo y último periodo de igual duración, haciéndolo de conocimiento al Congreso del Estado. En caso de que no exista ratificación, deberá realizarse el proceso de designación referido.
En contra del dictamen se pronunciaron las diputadas María Elena Córdova, Indira Sandoval y Monserrat Ortega. La legisladora de Movimiento Ciudadano sentenció que el Congreso aprobó la reforma “como ladronzuelo que hace sus fechorías por la noche”.
