- En 81 años de vida institucional, la UV nunca había sido amenazada por un rectorado ilegal.
- La autonomía universitaria implica una relación responsable y transparente hacia su interior, la sociedad, el Estado y el Poder Público.
- Cuando las autoridades universitarias no respetan sus propias leyes ni las garantías constitucionales, deben ser objeto de corrección.
- La fallida resolución del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito en contra de los amparos es todavía corregible.
- Pero al final, todo depende de la actuación de la propia comunidad universitaria y del poder público ante la impunidad.
Por Víctor A. Arredondo
Las universidades autónomas no pueden sustraerse del entorno social en el que están inmersas. Lo que sí pueden y deben hacer es analizarlo para definir rutas de acción que superen anomias sociales mediante la formación en valores, el fomento de conocimiento y capacidades relevantes, así como la promoción de alianzas que contribuyan a construir una sociedad más justa y armónica entre la gente y la naturaleza. Desde hace décadas, nuestro país vive un creciente desajuste social causado por la delincuencia, la impunidad y el deterioro del poder público que no logra proveer las condiciones mínimas requeridas para garantizar la seguridad, la justicia y la prosperidad social. La situación de impunidad en la que vivimos ante la ilegalidad, a pesar de todo tipo de promesas de campaña y gubernamentales, ha provocado una enorme crisis de credibilidad social en los partidos políticos y la administración pública. Salvo honrosas excepciones, la clase política y la administración pública ocupan su mayor tiempo y esfuerzo para conquistar el poder y para no soltarlo, aunque la entrega de resultados sea mínima o inexistente y se utilicen procesos y recursos ilegales. Ello explica por qué desde principios de siglo, la administración pública ha reemplazado al personal competente que representaba al verdadero servicio profesional de carrera por improvisados cuya función es asegurar resultados electorales favorables, aunque ello genere disfuncionalidades e ineficiencias porque no cuentan con el perfil, la experiencia ni la pasión por el bien común.
Es inconcebible la pérdida de calidad y cobertura de los servicios en nuestro país; estamos regresando décadas en cuanto a ciertos indicadores de gestión, satisfacción del usuario por los servicios recibidos, desempeño eficaz y competitividad de México frente al exterior. En la búsqueda de votos y del mantenimiento de privilegios, se ha recurrido a la permisividad de lo ilícito, al incumplimiento de deberes y obligaciones, a alianzas innombrables, a la impunidad de lo ilegal. El bien común, la prosperidad y la excelencia en el servicio para todos ya no parecieran ser lemas importantes en la conducción de lo público, ahora la inexperiencia, la mediocridad y la ineptitud se ocultan bajo la cobija de lo “popular”, aunque en el camino se deteriore el empoderamiento funcional y la perspectiva de calidad de vida de los más necesitados. Esto es, se acepta de manera discriminatoria que el pueblo mexicano no puede aspirar al perfeccionamiento, al disfrute de lo estético, a la grandeza; sino que sólo puede subsistir mediante una dependencia elemental, garantizada por la generosidad de un gobierno paternalista.
Debe insistirse, el comentario anterior retrata a todos los partidos políticos del país, y aunque no de manera uniforme, ninguno se escapa. Esto no debe interpretarse como una crítica generalizada a una política asistencial que es obligada en toda nación. Siempre hay aspectos de la economía de mercado que deben corregirse como el de la acumulación abusiva e ilegal del capital o de sectores que requieren subsidios especiales como la población marginada, el agro mexicano, el transporte público, la seguridad física y social, la salud y la educación. Simplemente se insiste en que en todo tipo de programa asistencial debe promover la formación ciudadana integral, la autoeficacia, la autoestima, la honorabilidad, el empoderamiento individual y colectivo que permita a todos romper las cadenas de la dependencia permanente para convertirse en dueños de su propio destino, en constructores de comunidades armoniosas. Esa es una de las más altas misiones de lo público y en particular de la cultura y la educación.
¿En ese estado de cosas cómo se relaciona la autonomía universitaria con la sociedad y con las instancias del Estado Mexicano y de los tres poderes de la Unión? Se ha dicho que la garantía constitucional de la autonomía se materializa en privilegios y derechos como la conducción soberana; pero que también implica límites y responsabilidades de toda autoridad universitaria, el respeto a los principios y garantías constitucionales, a la legislación institucional, a la transparencia y rendición de cuentas que proscriben el autoritarismo, la unilateralidad, lo ilegal y la coercitividad. Más aún, en su carácter de instituciones inteligentes y contructoras del futuro deseado, las universidades autónomas deben ser modelo social de comportamiento ético. Por tanto, deben inculcar los principios rectores del ciudadano honorable, del profesional íntegro, de individuos que recurren al talento y la probidad para contribuir a consolidar una sociedad regulada por leyes, normas y estándares de primer orden. Esa misión institucional no puede ser liderada por quien recurre a la transgresión de la ley para mantenerse en el cargo de rector.
¿Qué ejemplo de pulcritud puede dar a la comunidad universitaria y a la sociedad en general, quien usa la trampa de manera indecorosa y que aspira a la impunidad?
Ya se ha comentado antes que las fotografías que circuló Martín Aguilar con el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), antes de la resolución del Tribunal Colegiado sobre los amparos interpuestos por universitarios contra la prórroga, fue para mostrar su cercanía con él, fuera real o ficticia. Ello obligaba a que ese caso fuera analizado y resuelto con gran cuidado por los magistrados para mandar la señal que el nuevo Poder Judicial realmente actuará en contra de la impunidad. Sin embargo, su descuidada resolución no ofrece tal certidumbre ni ayuda en la imagen de imparcialidad del Lic. Hugo Aguilar Ortiz, presidente de la SCJN. ¿Habrá quien le haga ver que ante la grave situación actual de rechazo social a la impunidad, la resolución del Tribunal Colegiado debe revisarse de manera cuidadosa? No es otra cosa más que mostrar congruencia entre el discurso y los hechos, si es que en verdad la reforma al Poder Judicial busca una mayor transparencia y mejora en la impartición de justicia en México.
En cuanto al Poder Legislativo de Veracruz, se está en espera de una interpretación auténtica sobre la Ley Orgánica y de Autonomía en cuanto al proceso de designación de rector; que dicho sea de paso, obliga a la Junta de Gobierno a abrir una convocatoria, asegurar la participación equitativa de quienes aspiren a ocupar la rectoría y a auscultar ampliamente a la comunidad universitaria sobre el mejor perfil y proyecto de desarrollo universitario. Ofrecer una interpretación de esa naturaleza está dentro de sus atribuciones legales; y aunque no sea vinculante, sí establece un marco de referencia útil para los indispensables juicios de valor de la comunidad de la UV y de los consejeros universitarios al momento de dilucidar y decidir sobre la legalidad de la prórroga.
A partir de mi experiencia laboral de diecinueve años en la Asociación Nacional de Universidades (ANUIES) y en la oficina de Educación Superior del gobierno federal, donde analizamos y atendimos con información pertinente conflictos universitarios, en particular aquellos que implicaban la relación entre gobiernos estatales y universidades autónomas, considero que la actuación de la gobernadora Rocío Nahle ha sido la correcta. En su momento, ante la inquietud de la prensa sobre el potencial conflicto en la UV por la designación del rector, la gobernadora se enfocó a señalar que era un asunto interno de la universidad, que debía respetarse y señaló preceptos de la propia legislación universitaria que debían cumplirse. Después, ante las múltiples expresiones contra la prórroga por parte de miembros de la comunidad universitaria, de las anteriores Juntas de Gobierno, así como de la opinión pública, la gobernadora optó por no enviar representantes del gobierno estatal al último informe de Martín Aguilar. Recordemos que en esa ocasión era imposible aplicar el protocolo universitario de Toma de Protesta que exige la legislación universitaria, por no cumplir con el requisito de edad ni haberse aplicado el procedimiento claramente establecido para la designación de rector.
Las leyes mexicanas permiten la actuación expresa en estos casos de conflicto del poder legislativo y judicial, aunque acotando sus facultades de intervención de manera precisa. Ese no es el caso del Poder Ejecutivo; nuestras leyes nacionales limitan señaladamente su intervención ante este tipo de conflictos, dada la naturaleza sensible de su estrecha colaboración que debe distinguirse por el respeto recíproco.
Sobre ese punto, un tema que genera una grave discordancia de Martín Aguilar con el Gobierno del Estado, es su estrecho vínculo con al menos dos políticos veracruzanos que han mostrado una abierta ofensiva contra la actual estructura formal del gobierno de Veracruz. Ese es un gravísimo error porque las universidades autónomas, por definición y principio constitucional, deben ser ajenas a intereses de grupos políticos o partidistas. Con esa forma de actuar no sólo se pone en entredicho la autonomía universitaria y la pluralidad ideológica que debe distinguirla, sino que afecta innecesaria y notablemente la alianza que debe existir entre la UV y el gobierno de Veracruz, sobre todo en lo que respecta a la operación de programas públicos conjuntos orientados al bienestar presente y futuro de los veracruzanos.
La peligrosa ruta que persistirá en la Universidad Veracruzana por la ambición obsesiva de Martín Aguilar puede ser acotada en el corto plazo mediante la decisión colectiva que tomen los miembros de su comunidad. Simplemente debemos decidir si nos mantenemos indiferentes ante la ilegalidad y la impunidad en la UV, que no es ajena a nuestra nación y que pareciera que la asumimos como lápida irremediable o nos constituimos en agentes de cambio para coadyuvar a que la legalidad gane terreno en Veracruz y sea ejemplo para nuestro país. Entre una de las misiones más relevantes de la educación universitaria pública está la de formar profesionales y técnicos conscientes de que una sociedad fuerte, plena, se conforma de individuos fuertes, familias fuertes, instituciones fuertes, gobiernos fuertes, comunidades fuertes. Ese es el camino que debe retomar la Universidad Veracruzana con el respaldo de nuevos liderazgos que reconozcan que el futuro del país requiere consolidación individual y colectiva, que se comprometan en ese sentido y que disfruten en el camino. Sigo creyendo en la fuerza colectiva de la Universidad Veracruzana que me brindó la fortuna de contar con estudios superiores, que me ofreció mi primer empleo, que me becó para estudiar en el extranjero y que me dio la oportunidad de aportar a su desarrollo, en retribución a todo lo recibido.
