La Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntas irregularidades detectadas en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) durante la gestión de María Elena Álvarez-Buylla.
La denuncia se basa en observaciones no solventadas correspondientes a la Cuenta Pública 2020. La ASF detectó diversas anomalías en el uso de recursos y en los procesos de contratación relacionados con el Fondo Institucional de Fomento Regional para el Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación (FORDECYT-PRONACES) y con servicios de apoyo administrativo y financiero.
Entre los principales hallazgos, la ASF observó que el FORDECYT-PRONACES comprometió recursos por 97.6 millones de pesos después del plazo legal establecido en el decreto del 6 de noviembre de 2020, correspondientes a 10 convenios de asignación.
Asimismo, se detectó falta de evidencia documental sobre la entrega de resultados y la prestación de servicios especializados contratados para el seguimiento administrativo, financiero y contable de proyectos del FONCICYT, del FORDECYT-PRONACES y del Consorcio Nacional de Recursos de Información Científica y Tecnológica (CONRICyT). Por estos conceptos, se erogaron 35.1 millones de pesos a tres prestadores de servicios mediante cinco contratos.
En otro punto, la ASF cuestionó el proceso de contratación de un servicio integral para el seguimiento técnico y administrativo de proyectos transferidos al Conacyt tras la extinción de fideicomisos. Entre las irregularidades destacaron:
-Ausencia de al menos dos fuentes en la investigación de mercado y falta de evidencia sobre el procedimiento de selección de proveedores.
-Requisitos en la convocatoria que pudieron limitar la libre competencia, al exigir experiencia específica con el Conacyt.
-Falta de documentos que acrediten las facultades de los servidores públicos responsables de la evaluación y la ausencia de la autorización formal de la Dirección de Recursos Materiales.
-Contradicciones en las condiciones del contrato abierto, que establecía pagos fijos mensuales sin justificación de criterios para calcular los montos mínimos o máximos.
-Un pago anticipado de 22.5 millones de pesos sin evidencia de que los servicios hubieran sido efectivamente prestados o devengados.
En respuesta, Álvarez-Buylla rechazó los señalamientos, calificándolos como “falsos”. Aseguró que todas las acciones del Conacyt se realizaron conforme a la ley y sostuvo que el proceso de extinción de fideicomisos fue “exitoso, eficiente y con apego a la normativa”.
