En un nuevo intento por blindar la imagen de los funcionarios públicos frente al escrutinio ciudadano, el diputado de Morena Armando Corona Arvizu presentó una iniciativa que propone penas de hasta seis años de prisión y multas superiores a los 100 mil pesos por la creación y difusión de memes, stickers o contenidos generados con inteligencia artificial que “atenten contra la dignidad” de servidores públicos.
La propuesta, publicada en la Gaceta Parlamentaria el pasado 23 de septiembre, plantea sanciones agravadas cuando las víctimas sean menores de edad, personas con discapacidad “o funcionarios en ejercicio”. Además, considera como agravante la difusión masiva en redes sociales o plataformas digitales, así como el supuesto daño psicológico que pueda derivarse de estos contenidos.
Corona Arvizu argumenta que “cada imagen manipulada, cada audio falseado y cada meme difundido sin autorización atenta directamente contra la dignidad, el honor y la vida privada de las personas”.
Sin embargo, el proyecto ha sido recibido con preocupación por especialistas y defensores de derechos digitales, quienes advierten que se trata de un intento por censurar el humor político, la crítica satírica y la expresión ciudadana en entornos digitales.
Aunque el diputado afirma que su iniciativa busca “equilibrar la libertad de expresión con la dignidad”, el enfoque punitivo y ambiguo del proyecto abre la puerta a interpretaciones discrecionales que podrían criminalizar la crítica legítima. En un país donde el meme ha sido herramienta de denuncia, resistencia y pedagogía cívica, esta propuesta representa un retroceso alarmante.
La sátira digital, lejos de ser violencia, es una forma de participación política. Pretender equipararla con agresión psicológica o difamación institucionaliza la censura y vulnera el derecho constitucional a la libre expresión.
Cabe destacar que todas las iniciativas previas del diputado Corona Arvizu han sido desechadas en la presente legislatura. Su insistencia en regular contenidos digitales, incluso por encima de disposiciones ya existentes como la Ley Olimpia, revela una agenda que privilegia el control sobre el diálogo público.
Tras la polémica, el diputado —que se hizo «famoso» por haber recibido un manotazo de Claudia Sheinbaum al intentar tomarse una selfie con ella el día de su toma de posesión como presidenta de la República— anunció que retirará las palabras «servidores públicos» de la iniciativa.
