Por Jaime Fisher
Con fecha 5 de septiembre de este año el Dr. José de Jesús Franco López, uno de los 7 consejeros 7 de la junta de gobierno que otorgó ilegalmente la “prórroga” a Martín Aguilar, presentó su renuncia a esa banda colegiada. Así, de los 7 que tenía (que deberían haber sido 9 de acuerdo con la normativa) ya sólo le quedan 6, 6, 6 (el número de La Bestia). La desbandada -una banda que se deshace- ha tratado de ser ocultada por los facinerosos que aún forman parte de ella. La junta de gobierno no ha comunicado de la renuncia ni, hasta donde se sabe, ha sustituido al doctor Franco. Nuevamente, de acuerdo con la normativa, eso tendría que hacerse en el Consejo Universitario General; pero la violación a la normativa es algo que la actual administración ha normalizado, regularizando con ello el atropello y el exabrupto. Una rayita más al tigre ya ni se nota. Al menos eso creen ellos.
Pero esto, desde luego, no es motivo de sorpresa. Y ni siquiera indignación causa, puesto que la indignación ya vive como una constante en los miembros de la comunidad universitaria desde que la junta otorgó la famosa prórroga. Lo que sí debe causar y, sobre todo encauzar, es la acción conjunta de nuestra comunidad para volver cuanto antes a la legitimidad y a la legalidad -en ese orden cronológico y en ese orden de importancia- a través de su máxima autoridad: el CUG. El tiempo es importante. No podemos esperar a que la resolución de los juzgados cause estado, como ha explicado repetidamente el Dr. José Luis Cuevas. Prolongar la usurpación huertiana-martiniana (Huerta es apellido de famosos usurpadores, no hay que olvidarlo) es prolongar el despropósito, la sinrazón, el nepotismo, la corrupción, la negligencia y la ineptitud en nuestra casa de estudios. De ahí la urgencia de una reunión extraordinaria del CUG que se plantee la salida inmediata del hampón que usurpa la rectoría, la disolución de la actual junta de gobierno, el nombramiento de un rector interino y la elección de una nueva junta de gobierno que, cuanto antes, reponga el proceso de designación de un rector legítimo y legal.
Creo por ello también que es hora de que El Estado intervenga. Me refiero al Leviatán encargado de La Justicia, o, para no exigir tanto, por lo menos encargado del respeto a y la aplicación irrestricta de La Ley. Poniéndolo más claro: es necesaria y urgente la intervención del Congreso del Estado y, sobre todo, de la Gobernadora. Decir “Allá ellos” no es respetar la autonomía universitaria; en todo caso expresa un profundo desinterés por la misma. Respetar la autonomía es rescatarla cuando ha sido secuestrada por un grupo de delincuentes parapetados en la rectoría -y en una oficina de la avenida Murillo Vidal-, puesto que la Universidad Veracruzana no es una entidad al margen del Contrato Social encarnado en eso que llamamos Estado, de ese Estado que hoy gobierna (¿o no?) Rocío Nahle.
Pero ya lo veremos… o, no lo veremos.
