Por Adalberto Tejeda-Martínez
El 27 de agosto inició el septiembre negro de Martín Aguilar, cuando no pudo ingresar a la sala Tlaqná para rendir su cuarto informe porque un nutrido grupo de universitarios, con los modos más pacíficos y bien educados, impidió el acceso al campus de la cultura y las artes. Entonces Martín, acompañado de sus invitados y comparsas, se refugió en un hotel, no invitó a los consejeros incómodos, recibió un papel de la Junta de Gobierno que no es un nombramiento, y no rindió protesta por los cuatro años venideros porque dice que no la necesita, pero quizás en el fondo porque sabe que no puede protestar cumplir y hacer cumplir la ley, simplemente porque no la ha cumplido ni pretende cumplirla.
Ante lo anterior, el 10 de septiembre 23 exintegrantes de la Junta de Gobierno –académicos prestigiados de la propia Universidad Veracruzana (UV) e investigadores y exdirectivos del más alto nivel de instituciones de educación superior de la ciudad de México– asentaron de manera contundente en un pronunciamiento público: “Como exmiembros de la Junta de Gobierno, le recordamos a sus actuales integrantes que cuando ingresamos a ella juramos cumplir y hacer cumplir la legalidad. Los exhortamos a que rectifiquen sus decisiones recientes y repongan la dignidad y prestigio de esa institución clave de la universidad”.
El 6 y el 13 de septiembre Peniley Ramírez publicó sendas columnas en el diario “Reforma” con una gran claridad y resonancia nacional.
El 11 de septiembre, con motivo del 81 aniversario de la UV, la administración y los sindicatos universitarios citaron a una gran marcha de desagravio a Martín, que finalmente se redujo a un ambigú sindical con un discurso de Martín plagado de adjetivos e intolerancia.
Por el contrario, académicos y jubilados, por un lado, y el Nido Estudiantil, por el suyo, efectuaron, ellos sí, una marcha que culminó en el centro de Xalapa, con acompañamientos en las regiones universitarias, mostrando que la oposición a Martín va en aumento.
Después Martín et al. convocaron a unos foros para integrar el programa de trabajo del cuatrienio por venir. El cierre de la convocatoria se tuvo que posponer, al menos en Xalapa, con una posdata de antología que a explicación no pedida dijo que la fecha límite para recibir propuestas se postergaba pero no por falta de participación de la comunidad universitaria.
Para entonces, en la Loma del Estadio se empezaba a tener la sensación de que se estaban controlado los daños, pero empezaron a surgir actas de Juntas Académicas desconociendo el procedimiento de la prórroga y censurando las tropelías del Consejo Universitario del 27 de agosto: el Instituto de Investigaciones Lingüístico Literarias, la Facultad de Letras Españolas, la de Matemáticas, entre otras y, ni más ni menos, que del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales (IIHS), ¡la entidad de adscripción de Martín!
Pero vendría lo peor de este mes aciago: un abucheo histórico el sábado 14 en la conmemoración del 50 aniversario del Ballet Folklórico de la UV, coreado por cientos de universitarios e integrantes de la sociedad Xalapeña.
El 24 de septiembre un grupo de académicos en activo realizó un foro en el auditorio de la Facultad de Psicología, en Xalapa, en un ambiente de muros tapizados por carteles estudiantiles contra la tal prórroga. Para colmo, el 29 de septiembre, en el propio IIHS, la Red Universitaria por la Legalidad tendrá su primera asamblea general, y el 2 de octubre habrá un seminario sobre movilización, protesta y resistencia desde la Universidad, de nuevo en el IIHS, con el que terminará el septiembre negro de Martín. Lo malo para él, y bueno para la UV, es que si en octubre se resuelve alguno de los amparos en favor de integrantes de la comunidad y en contra de la prórroga –y ojo, que todos los amparos siguen vivos–, o si se consolida una directiva de coordinación entre los estudiantes, los académicos en activo y la red por la legalidad, entonces se le vendrá a Martín un octubre no sólo negro, sino negro mate.
