Por Claudia Elisa Gidi Blanchet*
La universidad pública es una institución que no solo genera y transmite conocimientos; constituye también un espacio privilegiado para promover valores fundamentales como la honradez, la justicia o el compromiso social.
Los principios democráticos que la rigen deberían, por una parte, garantizar su independencia respecto de agentes externos que pudieran vulnerar su autonomía, y por la otra protegerla de posibles agentes internos que aspiren a coartar su libertad o a monopolizar los destinos de la institución. Ante cualquier intervención en este sentido, la comunidad universitaria tiene el derecho y la obligación de defender y preservar los valores que nos dan rumbo y sentido.
La universidad como espacio cultural basado en la libertad, la tolerancia y la razón tiene la capacidad de autogobernarse. De eso se trata su autonomía. Pero qué pasa si son las propias autoridades quienes transgreden la normatividad y crispan con ello la vida de toda la colectividad.
La Junta de Gobierno de la Universidad Veracruzana, con tan solo 7 integrantes –porque recordemos que dos académicas renunciaron sin que se nos explicara cuáles fueron las razones que las llevaron a hacerlo– decidió no seguir los procedimientos establecidos, contravenir la normatividad vigente y otorgar una prórroga al periodo rectoral de Martín Aguilar. Es decir, sin emitir la convocatoria pública que le permitiera a la propia comunidad universitaria analizar, criticar y ponderar el rumbo que ha seguido y debería seguir nuestra Casa de Estudios en el futuro.
Esta decisión de la Junta de Gobierno ha ocasionado una crisis sin precedentes. No solo por el atropello a la legalidad, sino por la instauración de un régimen rectoral autoritario que desprecia la crítica, que desoye a su propia comunidad, que la hostiliza, que evade la rendición de cuentas y que utiliza los recursos a su alcance para promoverse.
El ciudadano Martín Aguilar, arropado por una Junta de Gobierno que traicionó su compromiso de respetar la legalidad, decidió que el suyo era el único proyecto valioso y que nadie más que él podría conducir la Universidad a buen puerto. Merecía, dice él, tener la oportunidad de concluir lo que no pudo concluir en los 4 años en que estuvo al frente de nuestra Universidad.
Si no impugnamos y revertimos esta perniciosa decisión de la Junta de Gobierno, permitiremos que la Universidad deje de ser un espacio para la democracia y la reflexión y se convierta en un refugio para la impunidad; en un nicho donde los actos arbitrarios y prepotentes campeen alegremente por sus fueros.
Objetamos la prórroga no solo por un motivo legal, que en sí mismo tiene gran trascendencia, sino por las consecuencias que tiene para la vida universitaria, y por consiguiente para toda la sociedad que espera de nosotros la formación no solo de profesionistas competentes sino de seres humanos íntegros, éticos y con un fuerte compromiso social.
El dilema ante el que ahora todos nos enfrentamos es el de o bien elegir la comodidad que nos vuelve cómplices de un rector espurio, o defender a ultranza la dignidad, la autonomía y la democracia.
Quienes transgreden la ley con impunidad van atropellando todos los pactos de civilidad, de apertura al diálogo, de respeto al otro. Por ahí empezó Martín Aguilar y su grupo para usurpar la rectoría. Más tarde, hizo un simulacro de informe de actividades con consejeros incondicionales y con invitados de ocasión para que le aplaudieran. En ese mismo acto protocolario volvió a violar la ley al hacerse entregar el nombramiento como Rector, sin que estuviera en el orden del día, sin que tomara protesta formalmente, siempre de espaldas a la comunidad.
No hay rector en estos momentos en la Universidad Veracruzana. Martín Aguilar no puede serlo porque se ha encargado de lastimar la vida institucional. Es preciso que se vaya y que se vaya también la Junta de Gobierno para hacer posible la reconstrucción de un orden mínimo. Después nos tendremos que sentar a discutir la reforma a la Ley Orgánica para asegurarnos de que nunca más vuelva a ocurrir un atropello como el que ahora vivimos.
* Investigadora del Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarias de la UV, miembro del SNII-1.
