*La deuda pesa más que el aula y el hospital: los intereses se comen el margen y el gasto social se lleva el protagonismo.
El Paquete Económico 2026, entregado al Congreso de la Unión el pasado 8 de septiembre, deja ver un hecho relevante en las finanzas públicas mexicanas: el pago de intereses de la deuda supera a lo destinado a salud y educación, rubros que se ven superados por la inversión en programas sociales de la presente administración
Así lo advierte el número 17 del Boletín de análisis económico de la Escuela de Negocios ITESO (ENI), que dedica su tema central a desmenuzar las implicaciones fiscales y sociales del primer presupuesto elaborado por la nueva administración federal.
Para Mireya Pasillas, académica de la ENI y responsable editorial del boletín, esta tendencia resume el dilema de la política fiscal actual: “Desde la administración de López Obrador el costo financiero de la deuda ya superó el gasto en salud y el gasto en educación”, subraya. En su opinión, la carga del endeudamiento está comprometiendo la capacidad del Estado para atender las necesidades estructurales de la población.
De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los ingresos presupuestarios para 2026 se calculan en 8.7 billones de pesos, equivalentes a 22.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que el gasto total ascendería a 10.1 billones, es decir, 26.1 por ciento del PIB. El resultado es un déficit de 4.1 por ciento que, aunque menor al de 2025 (4.3 por ciento) y al de 2024 (5.7 por ciento), sigue reflejando una dependencia alta de la deuda para equilibrar las cuentas públicas.
“Lo que aquí observo en general y también se ha dicho mucho, es que busca cierto equilibrio fiscal, pero no lo logra totalmente. Se están priorizando intereses de corto plazo, en vez del beneficio de largo y mediano plazo de la población”, considera Pasillas.
El boletín confirma que la brecha estructural entre ingresos y gasto se mantiene desde hace más de una década. Aunque los ingresos tributarios han crecido, los gastos han avanzado a mayor ritmo. En consecuencia, cada año el gobierno debe recurrir a financiamiento adicional para cubrir el déficit.
Costo financiero: un gasto ineludible
El aspecto más preocupante, de acuerdo con el análisis del boletín, es el aumento del costo financiero de la deuda, es decir, los intereses y comisiones que el país debe cubrir año con año. Para 2026 este concepto alcanzaría 1.57 billones de pesos, equivalentes a 4.1 por ciento del PIB, una cifra mayor a lo destinado a salud (2.5 por ciento del PIB) o educación (2.9 por ciento del PIB).
“Te estás endeudando para financiar, entre otras cosas, programas sociales y obras que no han funcionado, como el Tren Maya o Dos Bocas, pero no priorizas lo que sí necesita la población, sobre todo la salud, la educación o la inversión productiva. El costo del endeudamiento te está comiendo el margen que necesitas”, afirma Pasillas.
El documento agrega que este es un gasto rígido e ineludible: no puede posponerse ni recortarse, lo que limita el espacio fiscal para impulsar proyectos estratégicos. Así, el saldo histórico de la deuda llegaría a 20.3 billones de pesos en 2026, equivalente al 52.3 por ciento del PIB. Aunque no implica un crecimiento explosivo, consolida una meseta alta que restringe la capacidad del gobierno para reducir el endeudamiento en el mediano plazo.
El Ramo 20 Bienestar vuelve a ser el gran ganador en la distribución del gasto programable. Su presupuesto, que ha jugado un rol central en la disminución de la pobreza, pasará de 579.9 mil millones en 2025 a 674.7 mil millones en 2026, lo que significa un crecimiento de 12.2 por ciento, el más alto entre las principales dependencias.
Dentro de este ramo, la pensión para adultos mayores absorbe más de la mitad de los recursos y crecerá en 8.9 por ciento nominal. Programas como Mujeres con Bienestar crecerá su presupuesto en 279 por ciento, mientras que la pensión para personas con discapacidad aumentará 25 por ciento y el programa Salud Casa por Casa duplicará sus recursos. En contraste, los ramos de salud y educación apenas verán incrementos cercanos a cinco por ciento, lo que refleja un sesgo claro hacia el gasto asistencial.
Recaudación: avances y límites
El gobierno espera que los ingresos tributarios asciendan a 5.8 billones de pesos en 2026, lo que es 15.1 por ciento del PIB, impulsados principalmente por el impuesto sobre la renta (ISR) (52.6 por ciento), el impuesto al valor agregado (IVA) (27.2 por ciento) y el impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) (13 por ciento). Aunque se trata de una cifra histórica, México sigue muy por debajo del promedio de América Latina (21.3 por ciento) y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) (33.9 por ciento).
Un elemento novedoso es el repunte en los ingresos por importación, que crecerán más de 40 por ciento en 2026. Esto responde a los nuevos aranceles a países con los que México no tiene tratados de libre comercio, como China. Para Pasillas, esta medida “alinea a México con Estados Unidos en su estrategia de contener a China”, lo que podría mejorar la posición del país en la renegociación del T-MEC, aunque también trae riesgos de encarecer insumos y generar tensiones comerciales.
El boletín también da cuenta de otros indicadores que contextualizan el paquete como el de Inversión Extranjera Directa de 34 mil 265 millones de dólares en el primer semestre de 2025, un máximo histórico, aunque con fuerte concentración en reinversión de utilidades y una caída en la manufactura, en especial en el sector automotriz.
Otro indicador de contexto es el mercado laboral que, de acuerdo con cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), registra que en agosto se generaron 21 mil 750 empleos formales en el país y 8 mil 90 en Jalisco (segundo lugar a nivel nacional), después de varios meses de debilidad. El balance anual es modesto, con apenas 0.3 por ciento de crecimiento a nivel nacional.
La inflación se mantiene en 3.57 por ciento anual, dentro de la meta del Banco de México, aunque con presiones en servicios como salud y cuidado personal.
Sin metas ni compromisos claros para hacer frente al cambio climático en 2026
De acuerdo con el análisis del presupuesto público para cambio climático y transición energética 2026, uno de los componentes fundamentales para enfrentar la crisis climática en el Presupuesto de Egresos de la Federación es el Anexo Transversal16 (AT16). El proyecto enviado por el Ejecutivo a la Cámara de Diputados contempla para este rubro una bolsa de 212 mil 569 millones de pesos, lo que representa una reducción del 1.24% real en comparación con el monto aprobado para 2025.
Los recursos del AT16 son acaparados por programas que no dejan clara su contribución para hacer frente a los efectos del cambio climático, como el del Programa de infraestructura ferroviaria para transporte de carga y pasajeros, que recibirá 21.64% de los recursos; el de Defensa para la integridad, la independencia y la soberanía del territorio nacional al que se le asigna el 21.02%; el de Infraestructura en materia de seguridad nacional con el 18.82%; el de Articulación de la política de hidrocarburos con 12.41% y Sembrando Vida con 18.39% de los recursos del AT16.
El Análisis elaborado por Engenera (Energía, género y ambiente, A.C), el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA), Wildlands Network Programa México, Greenpeace, Fundar y OCEANA, señala que estos 5 programas que acaparan el 93% del monto total del Anexo Técnico 16 para cambio climático, no detallan de manera verificable, la forma en la cual contribuyen con las metas de la política climática del país; es decir, carecen de indicadores cuantitativos y metas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y/o de su contribución a la adaptación al cambio climático.
Por otro lado, solo el 7 por ciento de los recursos del AT16 -equivalente a 16 mil 426.3 millones de pesos-, se repartirá entre otros 42 programas que, en su mayoría, sí son relevantes para la adaptación y mitigación del cambio climático, dado que tocan aspectos sustantivos, tales como la protección forestal, el desarrollo forestal sustentable, la gestión y el uso integral y sustentable del agua, la pesca y acuacultura sustentable, la conservación para el desarrollo sostenible, la conservación y manejo de Áreas Naturales Protegidas (ANP).
El análisis plantea que es fundamental la redistribución de los recursos del AT16 y el fortalecimiento del presupuesto destinado a programas que inciden directa mente en acciones de manejo y conservación de ecosistemas, que integren la perspectiva de género, que se dejen de financiar proyectos de combustibles fósiles que agudizan la crisis climática e integrar acciones concretas en adaptación para hacer frente a los impactos del cambio climático, que ya afectan a cientos de miles de personas en nuestro país, como el desplazamiento climático.
En el AT16 de cambio climático se observan enormes asimetrías en la asignación de recursos. Por ejemplo, tan solo el Programa de infraestructura ferroviaria para transporte de carga y de pasajeros recibirá 2.8 veces más dinero que los otros 42 programas restantes que conforman el AT16.
Asimismo, el programa Infraestructura en materia de seguridad nacional, que se enfocará en ampliar las capacidades de una granja solar en instalaciones militares de Sedena, recibirá 9.75 veces más recursos que todos los programas enfocados en la gestión sustentable del agua y políticas hídricas contenidos en el AT16 y 10.7 más veces que todos los programas enfocados en la protección forestal y la conservación de ANP, entre otros.
De acuerdo con el documento de las organizaciones de la sociedad civil, de los recursos delAT16 de cambio climático, la Sedena recibirá el 41.79%, seguida por Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, 21.64%; Bienestar, 18.39% y Energía, 12.8%. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) apenas recibirá el 3.71%.
El análisis refiere que un aspecto positivo e importante en el AT16 para el ejercicio 2026es que se incluyen tres programas presupuestarios que permitirán operar con una perspectiva de género e interseccional para atender los efectos de la crisis climática. Éstos son el Programa para el bienestar integral de los pueblos indígenas; el de Fortalecimiento de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres y el Programa de atención integral para el bienestar de las mujeres. No obstante, estos programas cuentan con ínfimos recursos asignados, (128, 807, 509 pesos, apenas el 0.06% del total del AT16) en comparación con aquellos programas que son prioritarios.
Para hacer más efectivo el presupuesto destinado a hacer frente al cambio climático, es fundamental vincular las metas de la Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés) con los programas presupuestarios. Es necesario también que se mida y verifique la contribución de los programas a las metas establecidas por el gobierno en la NDC, en la Estrategia Nacional de Cambio Climático y en la Ley General de Cambio Climático.
El informe recomienda establecer metas de avance e indicadores de las acciones transversales identificadas en cada programa presupuestario, de tal manera quesea posible medir y verificar la información sobre su cumplimiento.
En el PPEF 2026, el Programa de Servicio de Transporte de Gas Natural de la CFE, así como diversos programas sociales, fueron eliminados del AT 16, lo cual representa una mejor alineación y congruencia con la política climática. No obstante, “es preciso reconocer que los proyectos de gas fósil continúan siendo financiados en otros ramos y anexos del PPEF para este ejercicio, con lo cual se mantiene una política energética que privilegia el uso de combustibles fósiles y apunta a agudizar la crisis climática”, refiere el documento. Ver Informe
Recursos para la transición energética
En lo referente al Anexo Transversal 15 (AT15) sobre transición energética, el análisis señala que el 53% de sus recursos son destinados a infraestructura ferroviaria y el15% a proyectos petroquímicos. En ese sentido, el 68% de los recursos del AT15son destinados a programas que no guardan una relación clara con la transición energética, mientras que a Semarnat únicamente se le destina el 2% de los recursos del AT15, siendo sus programas los únicos que contemplan explícitamente proyectos de energías renovables en el AT15.
Vale la pena, además, señalar que es la Semarnat la autoridad responsable de llevar a cabo la Evaluación Ambiental Estratégica de los proyectos de energía renovable y que sería necesario dotar de recursos públicos específicos para su implementación. El AT15 tampoco incluye medidas que permitan combatir efectivamente la pobreza energética que afecta 1 de cada 3 hogares mexicanos.
El análisis da cuenta de que el PPEF 2026 no especifica el propósito de los recursos asignados a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como parte del AT15, generando incertidumbre respecto del 27% de los recursos de este anexo. Además, tampoco se contemplan recursos para el Fondo para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía (Fotease), tal como lo obliga la Ley de Planeación y Transición Energética.
Como resultado del primer Balance Mundial del Acuerdo de París, se instó a los Estados parte a adoptar las medidas necesarias para triplicar la capacidad mundial en energías renovables y duplicar la tasa media anual de mejora de la eficiencia energética a nivel mundial de aquí a 2030. En ese sentido, la falta de recursos que materialicen una verdadera transición energética pone en peligro el cumplimiento del objetivo del Acuerdo de París y con ello, la protección y garantía de los derechos humanos.
Es necesario garantizar la congruencia con los compromisos adquiridos a través de los distintos instrumentos internacionales en materia climática, y los recientemente firmados a través de la Cumbre Interministerial, por lo que las organizaciones exhortan a las y los legisladores integrantes de la Cámara de Diputados para que se revisen y redistribuyan las asignaciones contenidas en la propuesta del Ejecutivo federal, destinando al menos el 25% del monto total del Anexo transversal 16 (53 mil 142 millones de pesos) a los programas que sí contribuyen a alcanzar las metas climáticas y de transición energética del país y al menos 15% del Anexo Transversal 15a la implementación efectiva de acciones de transición energética como lo prevé la Ley de Planeación y Transición Energética.
