En la víspera del 81 aniversario de la Universidad Veracruzana, se ha desatado una profunda crisis institucional tras la ilegal decisión de la Junta de Gobierno de extender el rectorado de Martín Gerardo Aguilar Sánchez sin convocar al proceso formal de consulta y designación previsto en la legislación universitaria.
Este martes, exmiembros de la Junta de Gobierno y académicos del Instituto de Investigaciones Cerebrales emitieron sendos pronunciamientos públicos evidenciando el creciente descontento dentro de la comunidad académica.
Los exintegrantes de la Junta de Gobierno expresaron su preocupación por lo que califican como una “crisis moral y de legitimidad inédita”, y señalaron que la prórroga otorgada a Aguilar elude el procedimiento legal que durante tres décadas ha garantizado la estabilidad institucional.
Denunciaron que el cuarto informe de labores fue presentado fuera de un recinto universitario, sin informar a todos los consejeros, y que el Consejo Universitario General se celebró sin quorum legal.
“En esa reunión, sin que tal punto se hubiera incluido en el orden del día, algunos miembros de la Junta de Gobierno le entregaron al rector un oficio donde ratifican que le ‘prorrogan’ su mandato por cuatro años más. Con este pretexto, el rector Martín Aguilar omitió el requisito de ley de protestar su cargo ante el Consejo Universitario. Con ese acto, tanto la Junta como el rector cometieron una abierta violación a la legislación y a los principios básicos de la convivencia universitaria”, sentenciaron.
Exigieron la reposición del proceso de designación y la salida del actual rector. “El regreso a la normalidad y la armonía universitarias sólo puede lograrse con la salida de Martín Aguilar Sánchez de la Rectoría y la reposición del proceso de designación de la máxima autoridad de la universidad. Exhortamos al Consejo Universitario General, máxima autoridad colegiada universitaria, a que instruya a la Junta de Gobierno en tal sentido”.
Como exmiembros de la Junta de Gobierno, recordaron a sus actuales integrantes que “cuando ingresamos a ella juramos cumplir y hacer cumplir la legalidad. Los exhortamos a que rectifiquen sus decisiones recientes y repongan la dignidad y prestigio de esa institución clave de la universidad”.
Por su parte, académicos del Instituto de Investigaciones Cerebrales (IICE) se sumaron al rechazo, calificando la prórroga como jurídicamente improcedente y éticamente cuestionable.
Denunciaron presiones institucionales, hostigamiento y exclusión de consejeros críticos durante la sesión del 27 de agosto. Estas prácticas, afirman, atentan contra la libertad de expresión y la participación democrática dentro de la universidad.
Asimismo, solicitaron una sesión extraordinaria del Consejo Universitario General para remover a los actuales integrantes de la Junta de Gobierno, nombrar una nueva, y designar una autoridad interina que conduzca el proceso rectoral conforme a la normatividad vigente.
“Solicitamos a los Consejeros Universitarios emitan una convocatoria inmediata para una sesión extraordinaria del Consejo Universitario General, incorporando en el orden del día la remoción de los actuales integrantes de la Junta de Gobierno, la designación de nueve académicos para integrar una nueva Junta de Gobierno y el procedimiento para nombrar de inmediato, interinamente, a una persona al frente de la Rectoría de la Universidad.
“Esta autoridad provisional deberá conducir, conforme a los procedimientos y principios previstos en la legislación universitaria, el proceso de designación de la persona titular de la Rectoría que inicie funciones a partir del mes de enero de 2026, garantizando con ello el respeto irrestricto al marco normativo, la legitimidad del proceso y la estabilidad institucional de nuestra casa de estudios”, enfatizaron.
Ambos pronunciamientos coinciden en que la legitimidad, autonomía y gobernabilidad de la Universidad Veracruzana están en riesgo, y llaman a la comunidad universitaria a defender los principios éticos y legales que rigen la vida académica.
