Asesores legales de la Junta de Gobierno de la Universidad Veracruzana les advirtieron desde mayo de la ausencia de facultades de ese órgano para modificar, interpretar o dispensar la normatividad universitaria con miras al proceso sucesorio en la rectoría.
En el marco de la segunda sesión ordinaria de la Junta de Gobierno de la Universidad Veracruzana (UV), celebrada los días 15 y 16 de mayo, se presentó un análisis jurídico que cuestiona la competencia de este órgano colegiado para interpretar o modificar los requisitos establecidos en la normatividad universitaria.
Durante el punto 6 del orden del día, el asesor jurídico de la Junta, Oscar Ocampo Acosta, expuso que ni la Ley de Autonomía, ni la Ley Orgánica, ni el Reglamento Interno facultan a la Junta de Gobierno para dispensar los requisitos previstos en el artículo 37 de la Ley Orgánica para ocupar la titularidad de la Rectoría. En su intervención, subrayó que la normativa vigente no contempla la figura de reelección, lo que refuerza la necesidad de apegarse estrictamente al marco legal.
La asesora jurídica Mirna Gabriela Nájera Cabal coincidió en su análisis, señalando que los requisitos establecidos por la Ley Orgánica tienen plena validez jurídica y deben ser observados mientras se encuentren vigentes. Añadió que la Junta de Gobierno no tiene competencia para obviarlos, modificarlos ni interpretarlos, reiterando que el periodo rectoral es de cuatro años, prorrogable una sola vez de forma consecutiva.
Ambas exposiciones fueron recibidas por los miembros de la Junta, quienes realizaron intervenciones y se dieron por enterados. El presidente en turno, Juan Manuel Pinos Rodríguez, agradeció las presentaciones jurídicas, sin que se registraran objeciones formales a las conclusiones expuestas. Todo ello consta en el Acta Num. 218: Segunda Sesión Ordinaria 2025.
Esta observación jurídica reviste especial relevancia en el contexto del proceso de sucesión rectoral 2025–2029, ya que delimita con claridad las competencias de la Junta de Gobierno y refuerza la necesidad de que cualquier decisión se funde en criterios estrictamente legales y motivados. A pesar de lo cual, la Junta de Gobierno hizo exactamente lo contrario al conceder una prórroga directa a Martín Aguilar Sánchez para quedarse otros cuatro años en la rectoría.
