Por Alberto J. Olvera y Adalberto Tejeda-Martínez *
Entre el exrector Martín Aguilar y la Junta de Gobierno de la Universidad Veracruzana se va haciendo recurrente la conducta de la evasión.
Para evadir el requisito de la edad menor a 65 años para ser rector, en vez de acudir a los juzgados en busca de un amparo, el rector, del brazo de la Junta, se sacó de la manga la carta tramposa de la prórroga.
Para evadir la falta de quorum y las protestas de cientos de académicos y estudiantes, el 27 de agosto, a última hora el informe rectoral fue trasladado al salón de un hotel, recinto privado y de renta no baja, para albergar un acto que debió ocurrir en las instalaciones propias de la Universidad.
Para evadir la toma de protesta ante el pleno del Consejo Universitario General, en esa misma ceremonia, sin anunciarlo en el orden del día, una comisión a modo de la Junta a modo, le entregó un papel donde lo prorroga como rector por cuatro años más, fuera de toda lógica y método, que por cierto debían defender a toda costa los integrantes de la Junta que en su vida profesional se desempeñan al amparo de la lógica y del método científico.
Para evadir el cotejo de resultados que haría la comunidad, el informe estuvo plagado de cifras engañosas y careció de ideas y propuestas académicas de largo alcance.
La prórroga y la ceremonia del remedo de informe violan abiertamente la legislación universitaria y son una auténtica burla a los principios básicos de la convivencia universitaria.
Esta burda imposición ha fracturado y lastimado a la comunidad universitaria como nunca en la historia. La irresponsabilidad de la Junta de Gobierno es tan imperdonable como inédita, así como lo es la pretensión del doctor Aguilar de mantenerse en la Rectoría a pesar de no cubrir los requisitos del cargo y haber evitado pasar por un proceso de evaluación de su desempeño y de confrontación de ideas y proyectos con otros aspirantes al cargo. La escasa democracia interna en nuestra universidad está siendo cancelada por la ambición de unos cuantos.
La sensatez aconseja la inmediata renuncia de Martín Aguilar Sánchez, rector ilegal e ilegítimo desde este 1 de septiembre. Lo mismo vale para la actual Junta de Gobierno, ya sin autoridad moral frente a la comunidad universitaria y la sociedad. Un Consejo Universitario General realmente representativo debería nombrar a una nueva Junta, que de inmediato se aboque a reponer el proceso de designación rectoral. Pero esto sólo ocurrirá si la comunidad organizada lo demanda con suficiente fuerza.
Las autoridades universitarias han caído en una auténtica crisis moral. El único efecto positivo de este proceso ha sido el surgimiento de un importante movimiento en defensa de la legalidad en la Universidad Veracruzana, que por primera vez en décadas ha activado a comunidades de académicos y estudiantes que exigen ser escuchados y sus derechos respetados. En este movimiento florece la esperanza de un mejor futuro para generaciones de jóvenes que enfrentan un horizonte laboral incierto y un clima político oprobioso.
*Exintegrantes de la Junta de Gobierno de la Universidad Veracruzana.
