Mientras la rectoría de la Universidad Veracruzana (UV) califica como “falsos rumores” los señalamientos sobre la invalidez de los documentos firmados por el rector Martín Aguilar a partir del 1 de septiembre, integrantes de la Red UV por la Legalidad sostienen que dichos actos podrían carecer de legitimidad si se confirma la ilegalidad de la prórroga.
La UV, a través de la Oficina del Abogado General, emitió un comunicado oficial en el que “ratifica” la “legalidad plena” del segundo periodo rectoral de Martín Gerardo Aguilar Sánchez, el cual se extendería del 1 de septiembre de 2025 al 31 de agosto de 2029. Sin embargo, colectivos universitarios han cuestionado la validez jurídica de dicha prórroga y acusan que se difunde información falsa desde canales oficiales.
El comunicado institucional sostiene que todos los actos firmados por el rector —títulos, convenios, nombramientos— tienen plena validez jurídica y que resoluciones de tribunales federales respaldan su ejercicio como representante legal.
En contraparte, José Luis Cuevas Gayosso, exdirector de la facultad de Derecho e integrante de la Red UV por la Legalidad, sostuvo que “nuevamente, de manera irresponsable se emite información falsa. ¡Ahora a través de medios oficiales!”.
El jurista planteó una serie de observaciones legales al comunicado de la Oficina del Abogado General de la UV en el que puntualizó que “la ‘prórroga’ no es un ‘proceso legal’ previsto en ninguna normatividad”.
Expuso que “no existe ninguna resolución dictada por Tribunales Federales en los juicios de amparo promovidos que ‘respalden’ y menos aún que ‘fundamenten y motiven’ el ejercicio de las atribuciones del Rector de la UV a partir del próximo 01.09.2025. Todos los amparos promovidos continúan sus procesos legales”.
Asimismo, sentenció que “la ‘prórroga’ otorgada por la Junta de Gobierno al Rector de la UV es ilegal, violatoria del procedimiento previsto en la normatividad para designarlo y vulnera gravemente el estado de derecho”.
El conflicto jurídico aún no está resuelto y podría escalar si los tribunales federales emiten resoluciones contrarias a la postura institucional.
