Por Aurelio Contreras Barrales
En la historia reciente de México, aquellos que han ejercido el Poder Ejecutivo de la federación han buscado dar cumplimiento a través de constantes reformas electorales a propósitos que pueden dividirse en dos aspectos: responder a las necesidades políticas, institucionales y circunstanciales en la materia, o satisfacer el apetito del régimen en turno con el fin de fortalecerlo. Por ejemplo, las reformas políticas emprendidas durante el Porfiriato fueron dirigidas a mantener al general Díaz en el Ejecutivo, esto después de que la Revolución de Tuxtepec que lo llevó al poder en 1876 había obligado al oaxaqueño a modificar la legislación para prohibir la reelección. Posteriormente, la reforma de 1903 que reinstauró la Vicepresidencia fue impulsada con el objetivo de generar ante el exterior la certeza de que el régimen se mantendría estable aún con la eventual muerte del ya anciano mandatario. Años más tarde, las reformas maderistas de 1911 y 1912 buscaron dar eco al ideario democrático de su líder, aunque prontamente fueron quebrantadas por el gobierno militar de Victoriano Huerta.
Durante las 7 décadas de priismo en el poder, se llevaron a cabo distintas modificaciones al marco jurídico: las primeras institucionalizaron al sistema político-electoral mexicano, aunque dotaron al Ejecutivo de un control omnímodo de la vida electoral del país al supeditar a dichas instituciones a los intereses del gobierno y el partido oficial; por otro lado, aquellas que se realizaron a partir de la década de 1960 fueron resultado de una extensa lucha por parte de las oposiciones, que buscaban mayor presencia en la política nacional y, además, una respuesta gubernamental al evidente desgaste del modelo de partido único. Las innovaciones jurídicas que le sucedieron a la amplia reforma de 1977 –la cual permitió, entre otras cosas, el acceso de las minorías al ejercicio parlamentario– descentralizaron cada vez más a las instituciones electorales del Poder Ejecutivo y allanaron el camino a la transición presidencial en el año 2000.
A pesar de que esto debilitó fuertemente la fuerza política del PRI al darle mayor poder e influencia a la oposición, el entonces partido gobernante impulsó dichas transformaciones electorales y no solo eso, se vanaglorió públicamente de ellas. Muestra de ello es la entrevista que se le realizó en 1997 al entonces senador por Zacatecas Ricardo Monreal Ávila, quien también se desempeñaba como subsecretario de Derecho y lo Contencioso del CEN del PRI presidido por Humberto Roque Villanueva. La opinión del legislador sobre las reformas aprobadas era tajantemente positiva, ya que consideraba que aspectos como la representación proporcional y la creación de organismos electorales autónomos abrían paso a la competencia política y alentaban una eficiente expresión del pluralismo popular. A 28 años de distancia, aquel priista entusiasta forma parte de la plana mayor del partido que pretende derribar el andamiaje jurídico que defendió en el pasado.
Hace algunas semanas, la presidenta Claudia Sheinbaum dio inicio a la “discusión” de una nueva reforma electoral. Si bien aún no se conocen concretamente los puntos cardinales de la próxima iniciativa, se vislumbra un intento por terminar de centralizar el poder en torno al Ejecutivo y a los intereses del actual partido de gobierno, MORENA, cuyo proceso inició con la extinción de los organismos autónomos y la reforma judicial, promovidas aún durante el gobierno de López Obrador.
Por el momento, se habla de la eliminación de la figura de la representación proporcional –lo que acabaría con el pluralismo parlamentario– y la centralización del órgano electoral, ya que se buscaría también eliminar a los institutos electorales locales y que sus funciones sean absorbidas por el INE, cuya titular, Guadalupe Taddei, está estrechamente ligada al morenismo.
Claramente, la mandataria y su partido buscan aprovechar que aún mantienen una aplastante mayoría en ambas cámaras legislativas para aprobar ipso facto la reforma y así calmar las preocupaciones generadas en el seno del poder por el revés electoral sufrido en Veracruz y Durango durante los comicios locales pasados, temiendo que el fenómeno se pueda replicar a escala nacional en las elecciones intermedias de 2027, donde se pone en juego buena parte del control territorial de MORENA, así como su dominio en la Cámara Baja.
Y no es que no se deba de replantear el sistema electoral mexicano vigente. Sin embargo, en lugar de voltear a ver puntos como la segunda vuelta en la elección presidencial –propuesta ya por el PAN–, el establecimiento del voto electrónico en territorio nacional, la problemática con la financiación criminal a candidaturas, el transfuguismo partidista, los vacíos que dejó ver la elección judicial, la aplicación de sanciones más severas a las precampañas anticipadas, así como un modelo que abra paso a las elecciones primarias en los partidos, la prioridad del régimen parece estar puesta en robustecerse hasta hacerse omnipresente, aun cuando ya hemos sido rebasados en diversos aspectos electorales por distintas naciones latinoamericanas.
Lo anterior debe abrir entre la sociedad mexicana el debate sobre si se trata de una auténtica reforma electoral o un mero retorno al centralismo unipartidista.
Y a pesar de su impulso desde el centro, habrá que ver si los apéndices están dispuestos a aprobarla.
