La representante en México de Reporteros Sin Fronteras (RSF), Balbina Flores Martínez, denunció el uso excesivo de mecanismos legales como las denuncias por violencia política en razón de género por parte de políticos en Veracruz para inhibir la libertad de expresión.
Entrevistada en el puerto de Veracruz, Flores destacó que las demandas y sentencias por presunta violencia política en razón de género han generado un clima de autocensura y temor entre comunicadores, luego de que figuras públicas están utilizando esa legislación como herramienta de represalia contra periodistas que ejercen su derecho a la crítica.
“El instrumento es noble, pero el uso excesivo por parte de funcionarios públicos es totalmente irracional e inaceptable”, señaló.
Los casos registrados involucran principalmente a servidores públicos y candidatos a cargos de elección popular quienes, sostuvo, desconocen que al ser figuras públicas están expuestos legítimamente al escrutinio y la opinión pública. Esta tendencia, dijo, representa una forma sofisticada de censura que vulnera el ejercicio periodístico.
Veracruz figura entre los estados con mayor número de casos de acoso judicial, junto con Campeche, Guerrero, Nayarit y Puebla. En el caso veracruzano, al menos cuatro periodistas afectados han acudido a RSF en busca de apoyo ante denuncias que ya han derivado en sentencias. Además, se han reportado amenazas de muerte, especialmente en la zona norte del estado, como Poza Rica y Tuxpan.
Flores también expresó preocupación por el caso del periodista Jorge González en Campeche, quien ha sido objeto de medidas cautelares que calificó como “excesivas” e “irracionales”. En contraparte, RSF ha documentado siete asesinatos de periodistas desde octubre de 2024, todos vinculados con su labor informativa.
La representante de RSF hizo un llamado a las autoridades judiciales para que sus resoluciones se apeguen a los principios de libertad de expresión y no se conviertan en instrumentos de censura. “Lo que se está provocando es un ambiente de temor: si publican o dicen determinadas cosas, podrían ser demandados”, concluyó.
