Por Víctor A. Arredondo
▪ La actitud de los colaboradores del rector ante la toma simbólica de rectoría es muestra de cerrazón y autoritarismo.
▪ No saben que la universidad autónoma que funciona como sistema social cerrado es cosa del siglo pasado.
▪ Peor aún, al comportarse como si fueran los dueños de la UV, provocan el escalamiento del conflicto universitario.
La toma simbólica de la rectoría convocada por el Frente UV por la Legalidad, fue un acto pacífico y ordenado que buscó infructuosamente el diálogo con la rectoría y los miembros de la Junta de Gobierno, quienes después de casi dos meses, no han escuchado ni atendido voces distintas a la consigna oficial. La razón es cada vez más evidente: su irracionalidad se debe a que están desesperados por mantener sus prebendas personales a costa de la legalidad y la estabilidad institucional.
La acomplejada altivez y ausencia de argumentos de la comitiva enviada por el rector para “dialogar” no sólo mostró cerrazón y autoritarismo sino exasperación ante las voces que señalaron que la ilegalidad en la Universidad Veracruzana no se va a permitir. Los voceros de rectoría llegaron al extremo de afirmar que los exrectores ya no son parte de la comunidad universitaria y la misma lógica aplican para los jubilados y exalumnos que son una fracción de la Red UV por la legalidad. Ese argumento no sólo es causa de su soberbia y error de concebir a la universidad autónoma como propiedad privada, sino ilustra el desconocimiento que tienen sobre los acuerdos normativos que rigen el sistema universitario nacional desde que se concibió la autonomía universitaria. Dejémoslo claro, la universidad autónoma es un proyecto que pertenece a la sociedad, que debe responder ante ella y que, al menos desde 1978 y, luego en 1981 y en 1989, las asambleas de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior han reiterado su misión como sistema social abierto. A ello se deben los acuerdos nacionales que obligan a que su planificación atienda las demandas de su entorno, multiplique las alianzas internas y externas para afianzar su misión social, evalúe su impacto social mediante la ponderación de opiniones e indicadores externos, realice el seguimiento de sus acciones y de sus egresados y aplique programas de soporte para ellos, en particular, de educación continua.
Lo anterior significa emprender planes y estrategias de largo aliento que persigan metas ambiciosas y que se asienten en logros de administraciones anteriores. Siempre he recalcado que la excelencia de clase mundial de la Universidad de Oxford ha sido posible gracias al reconocimiento del talento y aportes institucionales acumulados a lo largo de siete siglos. Esa lógica se buscó aplicar en las primeras etapas de gestión autónoma de la UV. En el caso de la gestión a mi cargo, una vez concluida la etapa de competencia a la rectoría, ratifiqué en su cargo a prácticamente todas las autoridades académico-administrativas de la gestión del Lic. Emilio Gidi Villarreal con la condición de poner todo su empeño en el logro de las metas del nuevo programa de trabajo. Además, consciente de la enorme experiencia de los exrectores, fueron invitados por mi administración a colaborar todos, excepto uno, en sus áreas de especialidad para asegurar la proyección internacional que nos proponíamos para la UV. Así, el Dr. Rafael Velasco Fernández puso en marcha un proyecto nacional para la prevención de adicciones, el Dr. Roberto Bravo Garzón creó la Red Interdisciplinaria sobre Caña de Azúcar, el Lic. Héctor Salmerón presidió la Fundación de la Sinfónica de Xalapa, el Contador Carlos Aguirre hizo propuestas en materia de cuentas públicas y fiscalización, el Dr. Salvador Valencia acercó las relaciones en materia jurídica con la UNAM, y posteriormente, en la siguiente rectoría, el Lic. Emilio Gidi se encargaría de dirigir la Comisión de Derechos Universitarios. Otro renglón complementario consistió en invitar, con el apoyo de distintas entidades académicas, a grandes pensadores de prestigio internacional para ser parte del Claustro Académico de nuestra universidad y a distintas agencias para ampliar nuestra capacidad de procuración de fondos que hizo factible la construcción de notables proyectos de infraestructura moderna para la UV.
Por ello, es una auténtica torpeza, falta de decoro y una preocupante ignorancia de quien se atrevió a negar la pertenencia institucional de los exrectores. Y no puede ser más que el resultado de quien piensa que la universidad les pertenece a los funcionarios en turno. Eso es parte de la explicación del por qué pretenden apoderarse de la UV; además de que buscan mantener las prebendas de viajes, viáticos y demás ingresos personales o de gastos administrativos extraordinarios
En los cuatro años de la gestión de Martín Aguilar ha sido evidente su desconexión con las tres administraciones autónomas anteriores. Su insostenible argumento es que él es especial, pues es de “izquierda”. Y digo insostenible porque una universidad de izquierda debería distinguirse, primero, por formar muy bien a egresados con pensamiento crítico y gran solidez en materia de solidaridad social. Cuestión que no parece interesarle cuando su administración coarta la pluralidad y la libre expresión de ideas, cuando se han descuidado o perdido los programas de antaño sobre servicio social en comunidades marginadas, con pequeños productores y emprendedores, y en materia de gestión de los municipios más necesitados que hace pocos años obtenían los primeros lugares nacionales y premios internacionales. Hoy, los que se logran mantener es gracias al esfuerzo de sus encargados ante el escaso o nulo apoyo de rectoría. Por otra parte, la flexibilidad e integralidad del modelo curricular que fue pionero nacional en las universidades públicas, están siendo amenazadas por arreglos oscuros con la sección más burocrática del sindicato (Fesapauv). Y digo eso, porque se reconoce el compromiso académico de sectores ejemplares del mismo sindicato. Otra terrible laguna tiene que ver con la actual omisión en temas relacionados con los derechos individuales y la igualdad de género, donde se han presentado reprobables casos de abuso y violación sexual. Y esto sigue sucediendo. Y ello, a pesar de recurrentes quejas estudiantiles que han escalado su presión ante la desatención de un tema que ya no debe presentarse en una institución honorable, justa e inteligente.
Además, llama mucho la atención la desconexión de Martín Aguilar con el pasado reciente, cuando sus informes anuales están plagados de imágenes de la infraestructura física que fue construida durante las primeras administraciones de la vida autónoma de la UV; llegando a cubrir más del 90 % de sus informes visuales. La razón es muy sencilla, su aporte en ese rubro se limita a reparaciones o remodelaciones de algo de lo ya existente; por la incapacidad de generar recursos para nuevas obras. En resumen, el escalamiento de acciones de la Red UV por la Legalidad es inminente por la cerrazón de autoridades universitarias, incluida la Junta de Gobierno, cuyas razones deben abrirse al escrutinio público. Se trata de personas con nombre y apellido que están causando la mayor crisis en la historia de la UV y que ha llegado el momento de hablar al respecto.
