Por Miguel Casillas
La Red UV por la legalidad, que ya agrupa a más de mil universitarios, ha decidido convocar a la toma simbólica y pacífica de la Rectoría de la UV para el miércoles 20 de agosto a las 7 de la mañana.
Se trata del ejercicio del derecho a la libre manifestación, que tiene un carácter académico y ciudadano; es una acción pacífica con el objetivo de visibilizar la defensa de la legalidad ante la soberbia de la Junta de Gobierno y la Rectoría saliente.
En efecto, la Junta de Gobierno y la propia administración central universitaria han hecho oídos sordos a la enorme protesta que se opone a la violación de la ley universitaria y a la prórroga para que el rector siga otros cuatro años. Casi toda la Universidad está en contra y claramente la opinión pública se decanta en contra de la prórroga, pero tanto la Junta como el rector siguen aferrados a la arbitrariedad y el atropello.
La Junta y el rector han ignorado a la mayoría crítica que en el último Consejo Universitario se manifestó contra la prórroga con la lectura de comunicados y declaraciones de sus comunidades, han ignorado también a los cientos de universitarios que ya realizaron dos manifestaciones contra la prórroga y a los cientos que votaron contra la prórroga en su amañada consulta; a los más de 250 artículos y notas de prensa que han condensado la expresión inconforme de los universitarios y que también reflejan a la opinión pública estatal y nacional; no les importa ni valoran la opinión experta de prestigiados juristas, ni la clara oposición de una veintena de muy prestigiados ex integrantes de la propia Junta de Gobierno (incluidos ex rectores y ex abogados generales de la UNAM y la UAM); desprecian la experiencia y el rechazo a la prórroga de cuatro exrectores de la UV; menosprecian la renuncia indignada a la Junta de dos distinguidas académicas; ignoran el rechazo de casi 80 prestigiados profesores e investigadores universitarios en el SNII. No escuchan a nadie ni entienden razones, están obcecados en imponer su arbitrariedad por encima de todo y de todos, sin importar las consecuencias.
La ceguera autocrática del rector le impide ver que en realidad la Universidad lo repudia por haber desencadenado con complicidad de la Junta una de las peores crisis institucionales de la Universidad Veracruzana. Una vez otorgada la prórroga se ha desencadenado el desastre pues la Junta ha hecho estallar el orden jurídico institucional. Sin rubor ni vergüenza, la Junta y el rector saliente se han inventado atribuciones ilegales, han innovado procedimientos y mecanismos nunca considerados en la legislación, han incumplido con sus funciones expresas y cancelado las posibilidades de un proceso abierto, competitivo y legal. Han actuado coludidos. Con ello han perdido toda legitimidad y confianza.
Frente la ceguera, la arrogancia y el desprecio a la comunidad movilizada contra la prórroga, el movimiento por la legalidad se ha venido fortaleciendo y hoy suma cientos de universitarios. Por supuesto, como sucede con todo movimiento social, ante al autoritarismo se radicalizan y cobran nitidez las propuestas. Las reivindicaciones de la toma de la rectoría son la disolución de la Junta de Gobierno y la revocación del acuerdo de la prórroga. La solución a la crisis institucional supone la elección de una nueva Junta, de un rector interino, y la pronta expedición de una nueva convocatoria que reestablezca el orden legal de la Universidad.
En efecto, de modo irresponsable los actuales integrantes de la Junta de Gobierno han dilapidado la confianza conferida por la comunidad, han erosionado como nunca el prestigio de la Junta, se han subordinado y actuado en complicidad de una camarilla. La Junta ha violado la legislación e incumplido sus funciones. Por tanto, sus integrantes no pueden seguir detentando un cargo honorífico que tiene como base la confianza y el respeto. Al traicionar a la comunidad y privilegiar a un grupo de interés no pueden seguir en la Junta y deberían renunciar.
Lo mismo sucede con los funcionarios de la administración central y el rector. Deben marcharse. Los primeros por complicidad e ineficiencia, también por su silencio ante la arbitrariedad y por los actos de hostigamiento que han cometido contra la comunidad que se moviliza contra la prórroga. Han acompañado el desastre y han sido comparsas del atropello. El rector, ante la pérdida de legitimidad y la falta de respaldo, debe hacerse a un lado y facilitar que la Institución encuentre el cauce legal.
El Consejo Universitario tiene facultades para elegir una nueva Junta, con gente honesta y comprometida con el cumplimiento de la ley; sus nuevos integrantes no deberían tener vínculos de interés con la administración saliente y deberían de gozar de un alto prestigio capaz de encaminar a la Universidad hacia una salida a la crisis institucional. Una nueva Junta debería publicar la convocatoria para renovar la rectoría de la Universidad en los términos de la legislación vigente.
Para salir de la crisis es necesario un rediseño institucional, donde se eliminen las prácticas del control autoritario y se desplieguen formas democráticas que alienten la participación y la corresponsabilidad de los universitarios en la gestión. Es indispensable avanzar en la descentralización, en la ampliación de las facultades del Consejo Universitario y de los consejos regionales, en formas democráticas de elección de consejeros, en la reducción del poder de los directores de las entidades, en la transformación democrática de las juntas académicas y los consejos técnicos. La transparencia y la rendición de cuentas son elementos indispensables de un régimen democrático.
