Por Marisol Luna Leal
Deseo iniciar reiterando una de las cuestiones que suscribí en mi renuncia a la titularidad de la abogacía general de nuestra Universidad, esto es, agradecimiento al C. Rector por haberme invitado a desempeñar tal encomienda, no obstante, dicho agradecimiento no debe confundirse con sumisión, hipoteca o enajenación de mis posiciones y de mi libertad. En dicho contexto, también reitero mi firme rechazo a la prórroga otorgada, esta me parece no solo absoluta y complemente ilegal, sino también, antidemocrática, tramposa y falaz.
Hasta el cansancio se ha escrito sobre la ilegalidad de dicha prórroga. Enuncio brevemente los puntos neurálgicos:
- La Junta de Gobierno no tiene atribuciones para otorgar prorroga a un rector, solo para designarlo tras la publicación de la convocatoria correspondiente. Artículo 4º de la Ley de Autonomía;
- El rector no tiene atribuciones para solicitar prórroga de su período. Artículo 38 de la Ley Orgánica;
- No se emitió la convocatoria a la que hace mención el artículo 8 fracción I, inciso d) de la Ley de Autonomía, en dicho artículo se establece el único procedimiento para designar rector/a;
- La Junta de Gobierno interpretó leyes sobre las cuales NO tiene competencia, ya que fueron expedidas por el Congreso del Estado -Ley de Autonomía y Ley Orgánica-, suplantó a los legisladores locales y la soberanía depositada en ellos al crear un procedimiento especial para procesar la solicitud de la prórroga;
- Las Leyes Orgánica y de Autonomía, así como el propio Reglamento de la Junta de Gobierno, NO establecen un procedimiento para prorrogar los períodos rectorales. El “método” utilizado por la Junta fue inventado de último momento, además de sesgado.
- Se violentó el derecho de la comunidad universitaria a conocer y analizar diversas propuestas y visiones de Universidad. Se impuso una sola visión de universidad.
- Se violentaron los derechos humanos y universitarios de las personas aspirantes a la rectoría.
- No se validaron los “logros” reportados; se validó el incumplimiento del actual plan rectoral; el programa rectoral 2025-2029 será para cumplir los pendientes. Vale aquí preguntarnos, ¿será esta la verdadera razón?
- Solo el 1.65% de los miembros de la comunidad universitaria se manifestó a favor de prórroga, la auscultación fue exprés. Mientras el sindicato y los funcionarios universitarios intimidaron y presionaron para que universitarios asistieran a expresar voto a favor.
Sobre estos puntos coinciden, al menos, un centenar de personas, entre ellas, tres connotados juristas, ampliamente reconocidos en el ámbito nacional, don Diego Valadés, don Salvador Valencia Carmona[1] y don Ignacio Morales Lechuga, omito listar al exAbogado General de la UNAM, y de los más de 30 juristas de la entidad que opinan en la misma línea.
Lamentablemente, para sostener la ilegalidad, y la sinrazón, se recurre a la manipulación de la información, a la mentira, a la presión, a la intimidación, a la coacción para inhibir la libertad de expresión, de manifestación. Por otro lado, cual campaña electoral, se otorgan tiempos completos, se amplían techos financieros y bancos de horas; pero a los disidentes se les castiga no asignándoles materias, se reducen periodos de contrataciones laborales, se impide la participación para acceder a cubrir plazas de manera interina o vacantes; se ejerce, incluso, violencia institucional. Se instruyó a directores/as de entidades académicas de las regiones para que pasen salón por salón a (des)informar sobre la “legalidad” de la prórroga; los y las vicerrectores/as y directores/as generales de áreas académicas realizan visitas a directivos de las entidades académicas para saludarles y “pedirles institucionalidad” (sic), actuando como verdaderos/as operadores políticos, olvidándose de los fines y las funciones sustantivas de la universidad.
Es perverso que el rector cite en su oficina a directivos de entidades para conocerlos personalmente, saber sus necesidades institucionales, y de paso decirles que la prórroga es irreversible, que es tramo superado. También lo es que desde comunicación universitaria se operen noticias falsas sobre el alcance de las suspensiones definitivas de los diversos amparos interpuestos. Es absoluta y completamente falso que algún juez federal, a esta fecha, se haya pronunciado a favor de la legalidad de la prórroga. Se trata de obtener el silencio de los alumnos prometiéndoles lo que de suyo son derechos: becas, acceso a estudios de posgrados, movilidades, insumos para sus entidades, “lo que ellos requieran” (sic).
Sobre la certeza que otorga la manipulación y la presión que se ejerce, se afirma temerariamente, incluso, “que la situación está bajo control, que el tema no debe preocupar, que la comunidad universitaria está controlada”. Todas ellas acciones indignas y perversas de un rector.
Ahora bien, contrastemos las perversas ficciones de la rectoría saliente con los escenarios existentes.
Jurídico. Si la justicia federal protege y ampara a los diversos quejosos que interpusimos demandas de amparo, más allá del recurso de revisión que la autoridad responsable (Junta de Gobierno) y el tercero interesado (rector) interpondrían, habría publicación de la convocatoria para agotar el procedimiento que siempre se ha realizado, en tanto, se nombraría a un rector/a interina, y no es descabellado pensar, por la complicidad que existe entre la junta y la rectoría, que nombren al actual rector como interino para mantener el control y ejecutar los planes “b” o “c” ya manifestados en el circulo cercano. Otro escenario, nombrar de interna/o a un/a incondicional del rector que continúe con la operación política, mientras que este último, con amparo por la discriminación por edad (estoy convencida que dichas disposición, en efecto, es discriminatoria) se encarte como aspirante, el resultado sería más que conocido. Finalmente, si las sentencias de amparo no son favorables, habría acto consumado, más allá de la interposición del respectivo recurso.
Consejo Universitario General. Muchos estiman que el Consejo Universitario General, al ser la máxima autoridad de la Universidad puede revertir la decisión de la Junta; y en efecto, podría hacerlo, siempre y cuando el rector, y sus afines, dejaran de intimidar y manipular a los consejeros exoficio, maestros y alumnos. Justo por estos días, bajo el argumento de que a algunos Consejeros se les venció su período, con el ojo puesto en los disidentes a la prórroga, se están haciendo las renovaciones correspondientes. No desean otro CUG como el del pasado ___ de junio, en el cual, pese haber puesto la mesa para que sus “expertos jurídicos” explicaran que la prórroga era legal, y a sus mensajeros que hicieron “la defensa”, las voces en contra fueron mayoría y contundentes. Sí, y solo sí, un CUG libre de manipulación podría ser el vehículo para regresar a la legalidad.
Político. Una de las varias posibilidades en esta vía, es la intervención del Congreso del Estado, el cual, con base en sus atribuciones constitucionales podría emitir la Ley para solucionar la crisis en la Universidad Veracruzana, derivada de la resolución emitida por la Junta de Gobierno el 20 de junio de 2025, en la cual:
- Se realice una interpretación auténtica de los artículos 4 de la Ley de Autonomía y 36 de la Ley Orgánica, ambas de la Universidad Veracruzana;
- Se revoquen los efectos de la resolución emitida por la Junta de Gobierno del 20 de junio de 2025;
- Se disuelva la actual Junta de Gobierno y se ordene nueva integración con un mecanismo similar al establecido en el artículo cuarto transitorio de la Ley de Autonomía de 1996;
- Se ordene la publicación de la Convocatoria para la realización del único proceso de designación de rector/a establecido por el propio Congreso del Estado;
- En tanto se realiza el procedimiento en cuestión, se nombre un/a rectora interina.
Sin duda, este es el mejor escenario para recuperar la legalidad al interior de la Institución y con ello preservar la autonomía, ya que resuelve el problema de fondo, al eliminar a la junta a modo que durante estos cuatro años cuidadosamente se integró.
El deseo de la rectoría saliente por mantener el poder fue muy lejos. El punto de partida fue dar la vuelta al tema de la edad, aunque con ello no solo se violente la legalidad, sino también se impongan mordazas, se presione, se intimide, se coaccione, se pacte, se “compren” voluntades, se divida a la comunidad universitaria, se siembre discordia, y se busque imponer una pobre y mediocre visión de universidad, la razón de la fuerza sobre la fuerza de la razón, de la legalidad y de la legitimidad.
Estoy absolutamente convencida que si este “procedimiento de prórroga” se le hubiera ocurrido a la Dra. Sara Ladrón de Guevara -y ofrezco disculpa a la doctora Sara por la insinuación de algo grotesco-, la entonces presidente de la junta de gobierno, ahora cabildera y defensora férrea de tal despropósito, sin duda, se hubiese opuesto. Cómo cambian las decisiones con base en intereses personales. Ausencia de coherencia. Estoy convencida que el poder no transforma, simple y sencillamente nos desnuda, nos presenta como realmente somos.
Si al final los esfuerzos en contra de la aberración pseudo jurídica implementada no logran revertir la tramposa estrategia planeada muchos meses atrás, en efecto, se vencerá sin convencer, y, tal vez, se logrará sumisión, pero nunca respeto, ¡y espurio será!
[1] Fue realmente penoso leer a una empleada de la Universidad hacer “réplica” de la impecable y magistral explicación jurídica otorgada por don Salvador Valencia.
Exabogada general de la Universidad Veracruzana
