La iniciativa de reforma a la Ley en Materia de Desaparición de Personas presentada por la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, fue aprobada en “fast track” por el Congreso local, generando críticas por parte de la oposición y organizaciones defensoras de derechos humanos.
La propuesta, que busca acelerar los procesos de búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas, fue turnada al Pleno sin abrirse a consulta pública. Legisladores de Morena, PT y PVEM avalaron la reforma, mientras que representantes del PRI y PAN denunciaron opacidad y riesgos a la privacidad ciudadana.
El dictamen, aprobado con 41 votos a favor, tres votos en contra y sin abstenciones, busca armonizar la legislación estatal con la Ley General en la materia, incorporando herramientas tecnológicas y forenses para acelerar la búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas. Entre los principales cambios destacan:
- Creación de la Plataforma Única de Identidad, que interconectará registros públicos y privados, permitiendo el monitoreo en tiempo real del uso de la CURP de personas desaparecidas.
- Acceso inmediato de fiscalías y la Comisión Estatal de Búsqueda a bases de datos sin necesidad de orden judicial, incluyendo imágenes satelitales y registros biométricos.
- Presunción de vida en todas las acciones de búsqueda e investigación.
- Obligación de realizar pruebas genéticas y dactiloscópicas antes de enviar restos humanos a fosas comunes.
- Entrega inmediata de folio único y número de carpeta de investigación a familiares.
Durante la discusión en el Pleno, legisladores oficialistas destacaron que la reforma “incorpora avances científicos y tecnológicos” y “reduce plazos procesales”, como señaló el diputado Adrián Sigfrido Ávila Estrada de Movimiento Ciudadano. Mientras que la morenista presidenta saliente de la mesa directiva, Tanya Carola Viveros, afirmó que los cambios permitirán una actuación “inmediata, exhaustiva y diligente” del Estado.
Sin embargo, voces críticas como la del diputado Héctor Yunes Landa del grupo mixto Veracruz Nos Une, advirtieron que la iniciativa “convierte la CURP en un instrumento de vigilancia masiva” y que “se usa la tragedia de las desapariciones como escudo político”.
La diputada panista Luz Alicia Delfín Rodríguez recordó que Veracruz concentra el 44 por ciento de los casos de desaparición en el país y exigió garantías de protección de datos personales.
Mientras que la diputada de Veracruz Nos Une Monserrat Ortega adelantó que con esta enmienda “te van a vigilar en tiempo real”, ya que podrán acceder a datos de escuelas, hospitales, iglesias, compañías de teléfono, clubes, sistemas de saluda públicos y privados, bancos y cualquier instancia que posea información. La propuesta, sostuvo, “abusa de la desgracia de más de 120 mil personas desaparecidas”.
Organizaciones como el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia lamentaron que la reforma se aprobara sin haber nombrado al Consejo Estatal Ciudadano ni garantizar mecanismos de aplicación efectiva. “La armonización está bien, pero sin participación ni presupuesto, termina siendo letra muerta”, señaló Anaís Palacios, integrante del Sistema Nacional de Búsqueda.
