La gobernadora Rocío Nahle García envió al Congreso del Estado una iniciativa de reforma a la Ley en Materia de Desaparición de Personas en el estado de Veracruz, la cual propone una serie de ajustes técnicos y operativos que buscan alinear el marco jurídico estatal con el modelo nacional vigente.
Uno de los ejes centrales de la propuesta es la precisión de nuevas definiciones legales, con el objetivo de evitar contradicciones y facilitar la coordinación interinstitucional.
Según el proyecto legislativo, “se precisan nuevas definiciones en sintonía con el modelo nacional para que las referencias que se hagan no resulten discordantes”. Esta medida responde a la necesidad de homologar conceptos clave como “persona desaparecida”, “desaparición cometida por particulares” y “declaración especial de ausencia”, entre otros, con los establecidos en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas.
La armonización terminológica permitirá que las autoridades estatales y federales compartan un lenguaje técnico común, lo que facilitará la interoperabilidad de sistemas, el acceso a bases de datos como la Plataforma Única de Identidad, y la aplicación de protocolos de búsqueda e identificación con estándares equivalentes.
De manera preponderante, se señala la Clave Única de Registro de Población (CURP) como elemento base de identificación de las personas.
Se establece en la propuesta de reforma las remisiones mínimas para que puedan suministrársele las bases de datos que las autoridades generan y se optimicen los recursos disponibles para búsquedas continuas y exhaustivas, así como la posibilidad que tendrá tanto la Fiscalía Especializada para la Atención de Denuncias por Personas Desaparecidas como la Comisión Estatal de Búsqueda para acceder a la Plataforma Única de Identidad para contar con la información necesaria que requieran para efectuar sus labores.
La iniciativa contempla el fortalecimiento de mecanismos de búsqueda inmediata, el uso obligatorio de pruebas genéticas y dactiloscópicas antes de enviar restos a fosas comunes, y la garantía de acceso a información para familiares de personas desaparecidas.
Con esta reforma, se plantea cerrar brechas legales y operativas que han obstaculizado la atención efectiva a las víctimas de desaparición en Veracruz, uno de los estados con mayor incidencia en el país.
La Mesa Directiva de la Diputación Permanente de la LXVII Legislatura turnó a las Comisiones Permanentes Unidas de Gobernación y Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables la Iniciativa de Decreto.
