Por Víctor A. Arredondo
- A 40 días de la primera advertencia pública sobre la prórroga ilegal no ha habido respuesta oficial en la UV.
- La Junta de Gobierno ha sido omisa ante las múltiples expresiones y acciones de rechazo a su decisión.
- La probidad de la UV está en riesgo y la solución del caos institucional aún está en sus manos y en las del rector saliente.
“La libertad nace del enfrentamiento con lo que parece inevitable”
Octavio Paz
Se ha comentado que la oportuna alerta del Dr. Raúl Arias Lovillo sobre la pretensión de recurrir a un acto ilegal para obtener una improcedente ampliación del periodo rectoral que termina a fines de este mes, permitió emprender acciones progresivas para evitar ese atropello de enormes repercusiones. A partir de la primera reunión sostenida entre los tres ex rectores del régimen autónomo, dos de la época rectoral anterior y otro experto en legislación universitaria, dado que el ex rector Dr. Salvador Valencia es un reconocido jurista en la materia, se acordó publicar un pronunciamiento que advirtiera sobre un posible quebranto a la legalidad y estabilidad de la Universidad Veracruzana. Desde esa ocasión quedaba claro que, al menos dos miembros de la Junta de Gobierno habían sido incorporados subrepticiamente para ayudar a esquivar el escollo legal de la edad del rector. La razón resultaba evidente porque la estrategia de rectoría, un año antes, de hacer enmiendas a la Ley Orgánica para quitar el requisito de la edad había fracasado ante la Legislatura Estatal. Aunque nunca se informó a la comunidad universitaria sobre ese descalabro, la señal que enviaban los legisladores podría interpretarse en el sentido de que no aceptarían cambios en las leyes que buscaran intrínsecamente un beneficio personal.
El 29 de mayo los exrectores del régimen autónomo hicimos un pronunciamiento público sobre una previsible transgresión a la legalidad, orquestada entre la rectoría y algunos miembros de la Junta de Gobierno. Nuestro mensaje dirigido a la comunidad de la UV y a la sociedad veracruzana obligó a que, al día siguiente, el Dr. Martín Aguilar reconociera que había presentado antes su solicitud de prórroga. Lo que no mencionó es que esa petición implicaba un procedimiento de “asignación única y directa a favor de su persona”, y que, por tanto, violaría nuestra máxima legislación universitaria y una decena de artículos del Reglamento Interno de la propia Junta de Gobierno. De nueva cuenta, el rector saliente dejaba constancia de que la ley puede flexibilizarse a su antojo, que su aspiración personal puede estar por encima del pudor y la legalidad, que no le importaban los medios con tal de satisfacer su apetito. A partir de esa reprobable evidencia, hemos atestiguado innumerables expresiones de rechazo, tanto por parte de quienes genuinamente aspiran a competir por la rectoría como de miembros de la comunidad universitaria que vieron afectado su derecho de aportación al rumbo institucional y de una veintena de distinguidos ex miembros de la Junta de Gobierno. A esas expresiones de repudio se habrían de sumar colegas, alumnos y ex maestros del propio rector adscritos al Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales, entidad de la que él proviene y que, dicho sea de paso, controla el 50% de los seis cargos académico- administrativos más altos de la UV (la rectoría, la secretaría académica y la vice rectoría de Coatzacoalcos-Minatitlán).
Una iniciativa de participación universitaria a favor de la integridad en la máxima casa de estudios de Veracruz que merece mención especial por su representatividad, entrega y actividad desplegada, es la Red UV por la Legalidad. Creada el 2 de julio, a partir del acuerdo de alrededor de cincuenta universitarios comprometidos con la honorabilidad institucional, la Red ha establecido diversas comisiones que se especializan en objetivos precisos para organizar y ampliar su membresía, desarrollar iniciativas, textos y medios en búsqueda de mayor impacto institucional y social. Su finalidad es clara, la de reponer el proceso de designación de quien ocupe la próxima rectoría, conforme a lo que mandata la legislación universitaria y los derechos individuales consagrados en nuestra Constitución.
Su naturaleza y actuación orgánica, basada en la colaboración horizontal mediante contactos cara a cara y en línea, ha favorecido la congruencia interna de su quehacer y una influencia creciente en la comunidad universitaria. Hoy en día, y a pesar de que la universidad estuvo de vacaciones, cuenta con 421 miembros que coadyuvan a divulgar y a acrecentar aliados para cumplir su noble misión. La firme convicción de sus miembros es que no se permitirá que la ilegalidad se apodere de la Universidad Veracruzana; porque eso significaría el secuestro de la máxima casa de estudios de todos los veracruzanos, por parte de unos cuantos “enmascarados que no respetan la autonomía universitaria” (Javier Barros Sierra dixit, Rector de la UNAM, 1968).
Por lo anterior, se hace un llamado al rector saliente para que reflexione si su pretensión personal es mayor que el futuro brillante de la UV. Su administración pretendió mostrar un desempeño y resultados que esconden otra realidad: la pérdida de gobernabilidad, de cohesión e identidad institucional, de los niveles de excelencia académica y del prestigio nacional e internacional que nuestra universidad logró en sus primeras etapas de vida autónoma. Habrá que recordar que la contribución de un periodo rectoral se mide al comparar la situación prevaleciente al inicio de su gestión con respecto a su conclusión. Hoy no sólo vemos una institución dividida con una lamentable tendencia hacia el caos, sino cuatro años de descuidos que propiciaron una veintena de manifestaciones, conflictos y reclamos, principalmente expresados por la comunidad estudiantil ante la falta de atención de las autoridades. En los primeros 24 años de vida autónoma hubo menos de la mitad de conflictos internos de la magnitud de los que sucedieron en esta administración que termina. El centro de la atención universitaria debe estar puesta en nuestros estudiantes. El éxito personal de cada uno de ellos define el grado de éxito institucional. Y para alcanzar esa loable meta, se debe contar con el mejor aliado: el compromiso verificable del personal académico y administrativo; sin olvidar que la misión universitaria esencial está en lo académico, porque la administración sólo es un sistema de soporte y no una carga burocrática que asfixia el desempeño de las funciones sustantivas.
Entonces, el liderazgo universitario implica pasión de servicio, aliento al talento y a las genuinas aspiraciones de crecimiento personal y aporte institucional de cada miembro de la comunidad universitaria. Por ello, la gobernanza universitaria exige un quehacer colegiado y representativo, un liderazgo compartido mediante la participación del mejor talento con experiencia probada en el quehacer cotidiano. Implica, además, reuniones frecuentes de deliberación colegiada en cada región y área académica para fortalecer las acciones colectivas que aseguren el logro gradual de metas institucionales. Así es como se tejen las grandes realizaciones que parecieran imposibles. Por ello es que no funciona el trabajo a manera de gabinete cerrado donde los funcionarios se escuchan complacientemente y se halagan a sí mismos, mientras planean cómo mantener sus prebendas burocráticas sin merecerlo y a costa de lo que sea. Y por lo que se observa ahora, hasta el grado de estar dispuestos a perjudicar el futuro promisorio de la UV.
El comentario anterior debiera ser objeto de reflexión por parte de los miembros pensantes que queden en la Junta de Gobierno, del rector saliente y de sus colaboradores cercanos. ¿Con qué probidad podría ejercerse un liderazgo unipersonal y convocar a los liderazgos distribuidos al interior de la comunidad universitaria cuando existió una prórroga ilegal? Cuando la Legislatura Estatal ya impidió el año pasado la aprobación de enmiendas a la Ley Orgánica que consideró improcedentes y que ahora está atenta para ofrecer una interpretación auténtica sobre las leyes que rigen a la UV. Cuando el poder judicial ha aceptado cinco solicitudes de amparo contra la decisión de la Junta de Gobierno y que continúan en proceso de definición. Cuando en el momento oportuno, la Gobernadora de Veracruz debió leer de manera respetuosa lo que establece la norma universitaria para la designación de quien esté a cargo de la rectoría. Cuando la sociedad y las universidades hermanas vean en la UV a una institución que representa el desorden y la ilegalidad. Pero sobre todo, cuando nuestra comunidad universitaria pierda el respeto al rector por su avidez de un cargo que no cumple con la ley y, por tanto, que procrea actos ilegítimos. Por último, no debe echarse en saco roto que la movilización universitaria seguirá hasta que la fallida decisión de otorgar la prórroga se reponga por el procedimiento que mandata la ley, en un marco de transparencia y equidad.
La Red UV por la Legalidad está comprometida a impulsar la agrupación de la universidad en torno a la legalidad a partir del razonamiento y acuerdos consensuados; a utilizar las vías institucionales necesarias para impedir la transgresión legal, social y ética, recurriendo a los valores de la honorabilidad, la rendición de cuentas y la trascendencia social. Por su parte, el rector saliente y los miembros de la Junta de Gobierno habrán de decidir en los próximos días si persisten en su misma postura, desatendiendo el creciente reclamo para que la UV regrese a ser un referente internacional en materia de innovación y solidaridad social. ¿Ganará la sensibilidad y apertura para reconocer que se debe reponer la designación de quien reciba el encargo de la rectoría conforme a lo que establece la legislación universitaria? De ser el caso, se evitaría una crisis institucional que quedará marcada como evento funesto, turbulento, en la historia de la máxima casa de estudios de nuestro estado.
