Marisol Luna Leal, exabogada general de la Universidad Veracruzana, y el académico del IIESES y miembro del Consejo Universitario Rafael Vela Martínez, ambos aspirantes a la rectoría, presentaron solicitudes de trámite de amparo contra la prórroga de su gestión como rector concedida a Martín Aguilar Sánchez, las cuales fueron admitidas.
Marisol Luna Leal argumenta que la Junta de Gobierno vulneró derechos al interpretar indebidamente los artículos 10 de la Ley de Autonomía y 36 de la Ley Orgánica. Mientras que Rafael Vela Martínez sostiene que la prórroga fue arbitraria, sin convocatoria ni participación abierta.
Las argumentaciones clave de los demandantes sostienen la existencia de una violación a los principios de legalidad, equidad y debido proceso, así como falta de sustento normativo para otorgar la prórroga directamente.
Ambos amparos fueron admitidos a trámite, aunque no se concedió la suspensión provisional, por lo que la prórroga sigue vigente mientras se resuelve el juicio. Se programaron audiencias incidentales para el 16 y 17 de julio, y se requirió a la Junta de Gobierno rendir informes justificados. La autonomía universitaria no debe impedir el ejercicio de derechos fundamentales, según los jueces que aceptaron el trámite.
El proceso judicial sigue en curso y podría marcar un precedente sobre el alcance del control judicial en decisiones internas de universidades públicas autónomas.
Por otra parte, Marisol Luna denunció la falta de respuesta oficial por parte de la Junta de Gobierno respecto de la emisión de la convocatoria formal para la elección de la persona que encabezará la rectoría.
Emitió un pronunciamiento dirigido a la comunidad universitaria y a la sociedad veracruzana en el que dio a conocer que presentó una solicitud formal el pasado 12 de junio a las autoridades del órgano colegiado, específicamente a Juan Manuel Pinos Rodríguez, presidente en turno de la Junta, y a Diana Folger Pérez Staples, secretaria. A más de 18 días hábiles de presentada, dicha petición no ha sido respondida, enfatizó.
Sostuvo que esta omisión representa una violación a los principios de legalidad, transparencia y responsabilidad institucional que deben regir el actuar de las autoridades universitarias.
“El silencio también comunica, y en este caso transmite una preocupante tendencia a no escuchar dolosamente lo que dicta la Ley”, sentenció, y añadió que no guardará silencio ante una “ominosa violación reiterada del marco legal”, puesto que no hay autonomía sin responsabilidad pública ni legitimidad sin legalidad.
