Sumándose al coro oficialista, el Senado de la República “rechazó” las conclusiones del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED, por sus siglas en inglés), en el sentido de que en México se cometen actos de desaparición forzada de manera sistemática en los que el Estado mexicano tiene responsabilidad.
En cambio, en un pronunciamiento a nombre de la Cámara, el presidente de la mesa directiva, Gerardo Fernández Noroña, sostuvo que el gobierno que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo “no practica en ninguna circunstancia la aberrante e inhumana práctica de la desaparición forzada”.
Las desapariciones forzadas, destacó Fernández Noroña, son crímenes de lesa humanidad que requieren ser tratados con toda la seriedad que una acusación de esa dimensión representa, pero según él, el presidente del CED de la ONU, Olivier de Frouville, actuó “de manera unilateral, irresponsable y sin sustento alguno, para aseverar que este delito se lleva a cabo de manera general o sistemática en el territorio mexicano”.
Fernández Noroña juró que el informe final de la CED no contempla ninguna consideración, crítica, exigencia o reclamo hacia México en esta materia y en la sesión final no se integró en ningún apartado algún punto relacionado con México.
Agregó que el funcionario tampoco tiene facultad alguna para hacer tales señalamientos a nombre del comité, por lo que supuestamente “violentó el proceso interno” de éste y “prejuzgó sin pruebas” en su condición de presidente de la CED, “alentando la falsa e injusta especulación de que hay desapariciones forzadas en México y, peor aún, de que se llevan a cabo de manera sistemática, lo que representa una frívola aseveración”.
No contento con ello, Fernández Noroña anunció que recurrirán a las “más altas instancias de Naciones Unidas para exigir la sanción correspondiente” al presidente del CED, “sin que ello” signifique que el Estado mexicano dejará de cumplir con sus obligaciones de informar lo solicitado y de colaborar con el comité.
“Este Pleno de la Cámara de Senadores exige al presidente del Comité de Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas, Olivier de Frouville, el retiro de sus oprobiosas aseveraciones y exige el trato respetuoso que nuestra nación, nuestro pueblo y nuestro gobierno merecen”, farfulló Fernández Noroña.
En el debate, la senadora Amalia García Medina, de Movimiento Ciudadano, señaló que la desaparición forzada no es un hecho ajeno, pues ha sucedido por decenios y los años sesenta y setentas estuvieron marcados por este delito, y ahora, la larga marcha de las madres buscadoras es interminable, “un horror instalado”, por lo que lo dicho por la ONU enmarca que efectivamente las desapariciones en México son sistemáticas, por eso su respaldo a las familias de los desaparecidos.
Por el PRI, Carolina Viggiano Austria externó que es una “incongruencia” de la izquierda negar las desapariciones forzadas, pues mientras señalan que Ayotzinapa era un crimen de Estado, hoy niegan la realidad, pues tan solo en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador las madres buscadoras fueron ignoradas, pese a que la mitad de los 127 mil desaparecidos corresponden a ese sexenio, de ahí que el pronunciamiento de la ONU “los hace crujir los dientes”.
En su turno, María del Rocío Corona Nakamura, del PVEM, anotó que es momento de “cerrar filas y no politizar el tema”, pues la ciudadanía demanda respuesta, no quejas: “basta de un muro de las lamentaciones”; desde el Senado, agregó, se tiene que asumir un rol en la defensa de los derechos humanos, pues, aunque respaldan la postura del gobierno federal y rechazan las expresiones del comité, tiene que haber un compromiso por salvaguardar la vida.
Marko Cortés Mendoza, del PAN, dijo que en lugar de tomar como positivo que la ONU quiera ser parte de las investigaciones sobre las desapariciones, se toma como algo negativo, aun cuando es “innegable” que las desapariciones son forzadas, en complicidad y colusión con los gobiernos, y que en las últimas administraciones federales han aumentado y llegado a límites incontrolables.
Por Morena, Martha Lucía Micher Camarena dijo que la desaparición forzada es realizada por el Estado, mientras que las “otras desapariciones” son realizadas por particulares, por lo que durante el sexenio de López Obrador y de la presidenta Claudia Sheinbaum “no se ha registrado ni una desaparición forzada”, pues han sido responsabilidad de particulares como el “crimen organizado”, por lo que el comité debe saber que desde el gobierno federal nadie ha negado que existe un “grave problema” en desapariciones.
El pronunciamiento fue aprobado con 71 votos a favor, 28 en contra y tres abstenciones.
Además, y para mayor oprobio, a petición de la senadora de Morena María Guadalupe Chavira de la Rosa, la asamblea guardó un minuto de silencio por Teresa González Murillo, madre buscadora –a quienes el gobierno acusa de trabajar para la “derecha”- del colectivo Luz de Esperanza de Jalisco, quien fue asesinada a balazos el pasado 2 de abril.
