Por Pedro Gabriel Vázquez Espinosa
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La eficacia mutua, crecimiento económico con bienestar social, es una vía para que gobiernos y empresas disminuyan el marco de incertidumbre y los conflictos sociales que hoy enfrentan (enojo, ingobernabilidad), cumpliendo sus objetivos y ampliando los beneficios a la población.
Esta tarea es dual entre el sector público-privado. Las empresas, con sus programas de responsabilidad social, institucionalizan las políticas y son ejemplo que su confección no es exclusiva del ámbito gubernamental.
El conflicto social surge por el hartazgo de situaciones como la pobreza, inseguridad, violencia, servicios públicos deficientes, informalidad laboral, infraestructura precaria, salud y educación de mala calidad y, aún con esas adversidades, las personas intentan mejorar y avanzar.
El principio de la solución está en desaprender que gobierno y empresas tienen objetivos económicos y sociales diametralmente distintos. Puesto que la realidad les afecta, casi por igual.
El conflicto social detonó hace muchos años como consecuencia de la desaceleración económica mundial (crisis financiera 2008-2009) que socavó la calidad de vida de la población. Así lo señalan Nan Li y Diaa Noureldin, miembros del FMI, lo cual se agudizará porque las perspectivas de crecimiento a largo plazo han empeorado hasta un 3%, de aquí a 2029. Así, aún no hemos visto el fondo.
Dos principales efectos de la crisis financiera son: la caída de la participación del trabajo en la actividad económica, que aumentó el número de personas en pobreza por ingresos, y la distribución regional porque, anteriormente, el 90% de los pobres se ubicaba en países de PIB bajo y, ahora, también creció en países de PIB per cápita medio y alto.
Esta disociación de la pobreza individual vs nacional se identifica en las llamadas ciudades “prosperas”, entre quienes entraron por primera vez en dicha condición (clase media debilitada) y quienes llegan del exterior buscando mejores condiciones de vida, presionando los mecanismos de apoyo social hasta un nivel humanitario.
En paralelo la desigualdad creció en dos vertientes, la de género que pega a la mitad de la población (mujeres) y sobre los grupos vulnerables.
Por otro carril avanzó la degradación medioambiental con la pérdida de recursos, insustituibles, y mayores riesgos catastróficos sobre el territorio (estrés hídrico, incendios, fenómenos hidrometeorológicos).
Así, se generaron dos consecuencias. Tenemos más grupos poblacionales afectados, que son combustible de tensión y conflicto social; y mayor incertidumbre para el sector público y privado, incapaces de identificar y gestionar las causas.
El punto de inflexión hacia la solución está en la cooperación y la coordinación público/privada para formular planes, programas y acciones de eficiencia mutua, productiva y social, poniendo en el centro la mejora económica sostenible de las personas.
La ONU, en los Objetivos del Desarrollo Sostenible, demanda a promover un crecimiento económico inclusivo, con empleo y trabajo decente para todas y todos.
Resulta entonces indispensable ofrecer empleos, con cualidades, dignos en lo económico y con humanidad. Las personas merecen empleos dignos por su honorabilidad y méritos en productividad. Y con humanidad, que les permitan un buen desarrollo personal, familiar y social.
Aquí es donde los sectores público y privado pueden abonar a cumplir algo básico: hacer del empleo un medio que garantice el derecho a compartir el progreso.
Aterrizar la solución pasa por realizar estudios regionales, que acercan la lupa a las buenas prácticas y problemáticas que traspasan las fronteras municipales.
Reducir la conflictividad social requiere de una alianza público/privada que logre crear valor conjunto, porque la coyuntura les afecta a ambos.
Abonemos al remedio y no a las consecuencias. Alcanzar un crecimiento económico con bienestar social, es tarea conjunta del gobierno y las empresas.
