En la Escuela Telesecundaria “Carolino Anaya” de Miahuatlán, Veracruz, las maestras María del Carmen Carrillo y Ana Lilia Melchor, así como la trabajadora de intendencia Guadalupe Morales Cortés, fueron víctimas de acoso laboral y sexual, con la complacencia de la Secretaría de Educación de Veracruz y de la Sección 32 del SNTE.
De acuerdo con su denuncia, Guadalupe Morales soportó durante seis años las agresiones, insinuaciones y comentarios de mal gusto de un maestro acosador, Jaime Alberto Salas Hernández, cuya conducta era solapada y hasta secundada por la directora de la escuela Telesecundaria, María del Socorro Oliva Gaona. Ambos –afirma Guadalupe- le hacían comentarios lascivos, burlones y obscenos sobre su físico, en actos que además implicaban una gran discriminación, pues se metían con ella porque no es maestra, sino trabajadora de intendencia.
De acuerdo con el testimonio de Guadalupe –que quedó plasmado en una denuncia también-, sufrió un constante abuso de parte de la directora, quien le quitaba días de descanso, la molestaba con encargos laborales en días no hábiles como los domingos y la hostigaba por cualquier motivo, aprovechando su ignorancia acerca de sus derechos laborales.
Guadalupe denunció el acoso tanto del maestro como de la directora, para lo cual contó con el apoyo de dos maestras del mismo plantel, María del Carmen y Ana Lilia, lo que provocó que también fueran víctimas de diferentes vejaciones.
Las tres denunciaron la situación ante el supervisor de zona 887 de Telesecundarias de la SEV, Javier del Valle López, quien no solo no las escuchó, sino que se puso del lado del agresor y de la directora y operó para sacar a las tres mujeres de su centro de trabajo, usando para ello, de acuerdo con las denunciantes, un acta firmada hasta tres veces por las mismas personas, algunas de las cuales ni siquiera trabajan en la escuela ni tienen estudiantes ahí.
Manifestaron que la directora María del Socorro Oliva Gaona puso en su contra a padres de familia de la Telesecundaria, a los que azuzó para que pidieran su salida hasta con tomas del plantel y bloqueos de carreteras. Incluso, sostienen que intentaron sobornar a padres de familia hasta con 35 mil pesos para que las denunciaran por supuestamente violentar a los estudiantes.
Las tres mujeres fueron sacadas de su espacio de trabajo por las presiones de sus agresores y confinadas en oficinas centrales de la SEV, donde fueron puestas “a resguardo”, sin que se les asigne tarea alguna.
Amenazas y agresiones
Pero las agresiones han escalado. María del Carmen expuso que fue víctima de robo a su negocio –de donde se llevan, la herramienta, las cámaras de seguridad y vehículo de un cliente- y a su casa, de donde extrajeron documentos del proceso legal contra sus agresores luego de voltear muebles, utensilios, ropa y todo lo que encontraron en su irrupción.
Al mismo tiempo –continuó María del Carmen- su marido recibió mensajes anónimos via WhatsApp en los que le decían que si no calmaba a su esposa “la próxima ves (sic) serán tus hijos”. Por seguridad, María del Carmen se fue con toda su familia de su casa, ubicada en la congregación de Rancho Viejo, San Andrés Tlalnelhuayocan.
Autoridades omisas
A raíz de los conflictos y luego de que le fue aplicada una nota negativa a su expediente, María del Socorro Oliva Gaona se jubiló y fue reemplazada en la dirección de la escuela telesecundaria por Brenda Itzel Pérez Carballo, quien no tiene la antigüedad necesaria para ocupar el puesto, pero aseguran es comadre del supervisor Javier del Valle.
Asimismo, señalan que Del Valle mantuvo a su secretaria particular, Áurea Ramírez, asignada como maestra de la telesecundaria “Carolino Anaya”, incluso con grupos asignados, sin que ella jamás se presentase a laborar.
A pesar de que les advirtieron que no denunciaran, Guadalupe presentó una denuncia por acoso sexual contra Jaime Alberto Salas Hernández ante la Unidad de Género de la SEV en abril de 2023, y ante la Fiscalía General del Estado (FGE) el 2 de mayo de ese mismo año.
María del Carmen presentó a su vez denuncia por acoso laboral ante la Contraloría de la SEV, y por las amenazas recibidas vía WhatsApp ante la FGE. Ana Lilia acudió al Órgano de Control Interno de la SEV y ante Derechos Humanos. Ninguna de las denuncias ha avanzado.
En cambio, sostuvieron, se intensificaron el acoso y las agresiones en su contra, al grado de que aseguran ser sujetas de intimidaciones, pues las siguen y les toman fotos, asegurándose de que se den cuenta, mientras las amenazan y agreden en redes sociales. En la FGE –enfatizan- les dicen que no pueden proceder porque no hay agresiones físicas directas y que las verbales no se pueden acreditar.
SNTE no las apoyó y Zenyazen nunca las quiso escuchar
Su sindicato, la Sección 32 del SNTE, tampoco las quiso apoyar. Afirman que tras exponer su situación, el titular del Jurídico, Daniel Cueto, les dijo que no podían hacer nada ni llevar el caso porque no se podían meter con Javier del Valle, ya que además de supervisor escolar, es al mismo tiempo secretario de Trabajo y Conflictos de nivel Telesecundaria de la propia sección 32 del SNTE, desempeñándose como juez y parte.
Las víctimas manifiestan que también intentaron acercarse al en ese momento secretario de Educación de Veracruz, Zenyazen Escobar García, hoy candidato de Morena a diputado federal por Córdoba. Pero nunca las quiso atender tampoco.
Abusos de poder
Otra situación irregular que señalaron es que el propio Ayuntamiento de Miahuatlán se prestó para el acoso de las tres mujeres. Aseguran que policías municipales entraron sin justificación alguna al plantel para entregarles un oficio del Instituto Municipal de las Mujeres, con la intención de intimidarlas.
Además, el Ayuntamiento le proporcionó a María del Socorro Oliva una camioneta oficial para trasladarse a las diligencias por las denuncias en su contra.
El Ayuntamiento de Miahuatlán es el mismo que envió una ambulancia donada por el gobierno estatal a un mitin de Claudia Sheinbaum el año pasado; sus pasajeras, empleadas municipales, al ser descubiertas por una reportera, la agredieron y amenazaron.
“Para las autoridades somos estadísticas”
“¿Quién nos protege, quién nos cuida? Nos han dado por todos lados”, lamenta Guadalupe, quien subraya que tuvo que salir literalmente huyendo de Miahuatlán con sus tres hijos, que ni siquiera pudieron concluir ese ciclo escolar.
“Para las autoridades somos estadísticas. Pero no queremos ser un número más, un feminicidio más”, puntualiza. Ella está bajo tratamiento médico por ansiedad crónica.
Las tres mujeres responsabilizan al supervisor Javier del Valle López, al maestro Jaime Alberto Salas Hernández (quien pese a sus antecedentes, sigue frente a grupo y solo fue cambiado de plantel) y a la ex directora María del Socorro Oliva de cualquier cosa que pueda sucederles. “Vamos a seguir en la lucha hasta que se haga justicia”, sentencian.
