Por Uriel Flores Aguayo
En esta población del municipio de Texcaltitlán, Estado de México, los campesinos se enfrentaron a pistoleros del cártel llamado la Familia Michoacana. Los videos muestran hechos brutales. Hombres y mujeres defendiéndose con palos y machetes de sicarios armados con metralletas y pistolas. Hubo muertos.
Es trágico el grado de desesperación, hartazgo e indefensión de esos pobladores. Son gente pobre, extorsionados por una banda armada. Tienen que pagar por trabajar. A partir de estos hechos ha surgido abundante información. Son entre siete y diez años de dominio y explotación sobre ese pueblo. La mafia hace lo que quiere impunemente. No hay ley ni gobierno. No se cuenta con el Ayuntamiento ni con los gobiernos estatal y federal.
El ejército tiene la información más completa sobre lo que pasa en esa región, cuenta con datos y evidencias de las estructuras delictivas, pero no hace nada; está paralizado por la política de “abrazos y no balazos” del gobierno federal, que es más bien el cuidado de la imagen del presidente y de su narrativa fantástica.
Es sobrecogedor, triste e impactante imaginar las condiciones de vida de la gente de esas comunidades. Cómo se puede vivir así, pagando por trabajar y rindiendo cuentas a delincuentes. Las omisiones oficiales resultan gravísimas y cómplices de la mafia. Esa situación está presente en muchos estados federativos. Hay dominio de los carteles del narcotráfico en varias regiones de México; es pública su participación en las elecciones. Las mafias son factor político.
Irresponsablemente se les ha permitido empoderarse mientras las fuerzas armadas atienden todo menos asuntos de seguridad. La militarización es contradictoria con ideas de izquierda e inútil para preservar la paz pública.
Lo que pasó en TEXCAPILLA es un botón de muestra de lo que significa un gobierno fallido y un Estado ausente. Hay poderes ejecutivo, judicial y legislativo; hay leyes, hay elecciones, hay partidos políticos, hay fuerzas armadas, hay policías; hay todo tipo de instituciones y leyes, pero son mera formalidad y no garantizan nada, son de autoconsumo. No le sirven al campesino ni a las mujeres atacadas, no le dicen nada al automovilista asaltado ni al usuario del transporte robado por raterillos. El México oficial está a espaldas del México real.
La idílica y hueca transformación no pasa de ser un discurso que envuelve el ejercicio tradicional del poder. Hubo un notable retroceso en seguridad en este sexenio. Es altísimo el costo en vidas, paz y economía que se paga por la demagogia dominante y el culto a la personalidad. A fuerza de ocurrencias y mentiras se ha dejado en la orfandad a la ciudadanía. Solo queda ejercer en libertad el derecho al voto y reorientar las políticas de seguridad. Nunca más se debe dejar indefensa a la población. Se debe garantizar el Estado de Derecho, aplicar la ley y extinguir a los grupos mafiosos. La vida no es juego ni debe prestarse a la demagogia. La mitomanía es nociva para la paz.
Sólo con seguridad se puede aspirar a una vida normal, sana y con desarrollo social. No hay democracia conviviendo con la violencia.
Recadito: urge poner orden en el transporte público de Xalapa.
