Por Miguel Casillas
Por todo el país se despliega un amplio movimiento estudiantil de universitarios del área de ciencias de la salud que protestan contra la inseguridad, las malas condiciones en que realizan su servicio social, el acoso y el abuso de los que son víctimas frecuentes.
Este movimiento estudiantil no es improvisado ni una simple reacción. Los estudiantes prestadores de servicio social de las universidades han venido reclamando desde hace mucho la mejora de las condiciones para su trabajo y de manera recurrente hasta el hartazgo han sido víctimas de agresiones, abusos, secuestros, extorsiones y otros actos violentos. Las condiciones se complican para las mujeres, pues el acoso y la misoginia son frecuentes en el campo de las instituciones de salud.
Los actos violentos hacia las y los estudiantes prestadores de servicio social se agravan todavía más según el contexto comunitario al que sean asignados. En las ciudades hay zonas de muy alto riesgo asociado con su grado de marginalidad; en el campo hay zonas desoladas por la violencia. Hay regiones que incluyen a comunidades enteras controladas por bandas criminales; donde no está presente el Estado o donde predomina la corrupción; hay regiones atravesadas por la guerra entre bandas, entre bandas y gobierno.
Hace uno días, Eric David Andrade Ramírez, un joven universitario próximo a realizar su sueño de titularse, fue asesinado en el Hospital integral de El Salto, Pueblo Nuevo, en la sierra de Durango, mientras realizaba su servicio social. Este crimen fue la gota que derramó el vaso y encendió el reclamo de miles de jóvenes que se movilizan con un amplio pliego petitorio dirigido a todos los niveles de gobierno (federal, estatal, municipal), a las autoridades y las administraciones de salud, y también hacia las autoridades universitarias. Con razón les exigen atención, cuidado y acompañamiento, pues hasta ahora han sido negligentes, ineficaces e irresponsables; les exigen justicia para las víctimas, pues hasta ahora predomina la impunidad; les reclaman que tomen acciones para que la violencia se detenga y no continúe.
Hasta ahora, las burocracias políticas y universitarias del área de la salud se han deslindado de la violencia y de los contextos sociales de alta inseguridad y sin embargo siguen poniendo en riesgo a cientos de estudiantes que practican su servicio social, haciendo las asignaciones como si todas las zonas fueran iguales.
Las exigencias de las y los pasantes y estudiantes de servicio social son muy claras. Reubicación inmediata de quienes estén en zonas de extrema inseguridad; mecanismos, protocolos y procedimientos efectivos contra el acoso, el hostigamiento, la violencia y la inseguridad mientras se realiza el servicio social; la actualización y mejora de la NOM-009-SSA3-2013; incorporar una perspectiva de género y de valoración de los derechos humanos; en el mismo sentido, capacitación para los jefes de enseñanza que reciben a los estudiantes de servicio social. Frente a las condiciones de violencia, los estudiantes proponen retirar las plazas de las zonas con altos índices de inseguridad, cerrar los turnos vespertino y nocturno, retirar las plazas que no cuenten con supervisor, crear una base de datos sobre incidentes, agresiones físicas y sexuales, hostigamiento laboral y demás incidentes reportados por los estudiantes de servicio social. Los estudiantes le exigen además al gobierno federal aumento del 100% a la beca del servicio social y leyes que regulen esta actividad y protejan los derechos de alumnos y alumnas en servicio social del área de la salud.
Según nuestra Constitución, el Estado es el responsable de brindar seguridad a los ciudadanos. No puede abdicar a ello sin poner en entredicho todo el sistema jurídico y político. Por ello, la exigencia de seguridad de los estudiantes de servicio social está bien planteada cuando se dirigen a los gobiernos estatales y al federal. Pero también tienen razón en exigir atención y responsabilidad por parte de las autoridades y las instituciones de educación superior que no pueden continuar impasibles ante lo que sucede a sus comunidades.
En este movimiento, las estudiantes son seguramente quienes han destacado la crítica al sistema misógino que predomina en las prácticas de servicio social y que atraviesa la cultura institucional de las entidades de salud; son en este sentido, la vanguardia cultural que sentará las bases para un nuevo sistema de relaciones sociales en el sistema de salud y de la educación superior.
