El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejando Encinas, admitió que existe “un contexto de crisis, muy crítico, respecto al nivel de violencia y agresiones que enfrentan, no solamente quienes ejercen el periodismo, sino también para los defensores de derechos humanos”.
Durante el Foro sobre Libertad de Expresión organizado por la Embajada de Noruega en México, Encinas reconoció que “el 45 por ciento de las agresiones contra periodistas en este país viene principalmente de agentes del Estado, en el ámbito de los estados y de los municipios”.
Señaló en especial a las policías municipales: “queremos policías vigiladas, si son las policías municipales hoy la principal fuente de agresión e incluso homicidios de periodistas, que esto tampoco quede en la impunidad”, expuso.
Encinas explicó que desde 2006 han sido asesinados 255 periodistas en México y sentenció que “se están manteniendo las mismas tendencias del gobierno de Felipe Calderón, donde hubo 101 homicidios de periodistas; en el caso de Peña Nieto 96 y hoy en el gobierno del presidente López Obrador tenemos una cifra de 56 periodistas asesinados”.
El funcionario aceptó que “nosotros no solo no hemos logrado frenar esta situación, no hemos logrado revertirla”, por lo que habría que implementar otro tipo de acciones, ya que “las que hasta ahorita hemos implementado no han cumplido con su propósito”.
Encinas afirmó que hay tres actores que han fallado en la atención a periodistas: “estados, fiscalías y Poder Judicial. Porque hoy el tema fundamental en estos temas de violencia es la impunidad”.
Refirió que Armando Linares, periodista asesinado este martes, “se negó a recibir la protección del Mecanismo (de Protección a Periodistas) y del gobierno del estado. Y ahí tenemos lamentablemente las consecuencias”.
La periodista Marcela Turati –quien mostró durante el foro una pancarta con la leyenda “el Estado falla, no garantiza mi labor como mujer periodista- destacó que las empresas periodísticas han evadido su rol en la discusión sobre la libertad de expresión y aseveró: “no les importamos a las empresas”, ya que las condiciones laborales también exponen a la violencia a los comunicadores, lo que ha provocado que “estemos en medio de un fuego cruzado”.
