Al mantener su postura en contra de derogar el delito de ultrajes a la autoridad -a pesar de que ya envió una iniciativa en ese sentido al Congreso local, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez exhibió la ineficiencia e incompetencia de la Fiscalía General del Estado al admitir que además de los supuestos 40 jefes de plaza detenidos por este delito que mencionó el martes, hay 525 lugartenientes de la delincuencia organizada que están en la cárcel solo por ese delito, cuya anulación -según él- los pondría en libertad.
Sin nada que fundamentara su invectiva, afirmó que la derogación sería «redituable» para cientos de abogados en el estado que podrán “ofrecer sus servicios” a los criminales a los que su Fiscalía no les imputó delitos como delincuencia organizada, homicidio doloso, secuestro o tráfico de estupefacientes.
Em cambio, afirmó con dolo que “ahí los abogados que los defienden tienen un gran negocio”, ya que más de la mitad de personas que han sido detenidas por el delito de ultrajes a la autoridad son jefes de plaza o lugartenientes.
Sin revelar su nombre “porque no me lo va a permitir”, dijo que sobre este delito consultó al presidente del tribunal «de otro estado», quien le sostuvo que el delito de ultrajes a la autoridad es «correcto».
Cuitláhuac García afirmó que los mil 33 detenidos por ultrajes a la autoridad referidos por el senador Dante Delgado tuvieron orden de aprehensión, fueron en flagrancia y re aprehensiones determinadas por un juez, por lo que se cumplimentaron por la Guardia Nacional, la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública.
Aseguró que de los mil 33, más de la mitad están vigilados y otros pudieron haber quedado libres. Y añadió que no porque proteste «la familia de un jefe de plaza» van a derogar el tipo penal.
