La Fiscalía General de la República (FGR) descartó que Luis Videregaray, ex secretario de Hacienda haya gestionado de manera ilegal recursos provenientes de partidas federales y de empresas públicas hasta por 10 millones de dólares, que presuntamente fueron entregados a diversos legisladores en el sexenio pasado para aprobar la reforma energética.
De acuerdo con un expediente judicial relacionado con el caso del ex senador Jorge Luis Lavalle, se menciona que en la denuncia presentada por el ex director de Pemex, Emilio Lozoya se dijo que al parecer Luis Videgaray negoció esos recursos.
Para la FGR no está acreditado que la obtención del dinero provenga de partidas federales; además, que, de haber ocurrido de esa manera, al ser dinero estatal, no puede atribuirse un origen ilícito, por lo que dicha hipótesis se descartó.
La teoría que sigue manteniendo la FGR es que los recursos que se utilizaron para sobornar a panistas provienen de la constructora brasileña Odebrecht, con la intención de obtener contratos en México. Según la indagatoria, el presidente Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray recibieron de Odebrecht los sobornos, mismos que a través de Lozoya fueron depositados en una cuenta radicada en las Islas Vírgenes Británicas.
Posteriormente, fueron retirados en efectivo para Peña y Videgaray, quienes a su vez hicieron llegar dichos recursos a los legisladores, entre ellos a Lavalle por medio de Rafael Jesús Caraveo, ex secretario de la Comisión de Administración en el Senado. La FGR también mantiene la hipótesis de que Fabiola Tapia, ex administradora de Construcciones Industriales Tapia (Citapia), y José Velasco, ex jefe de ayudantes de Lozoya, fueron testigos de esos recursos para sobornar a los panistas. La empresa Citapia se asoció en su momento con Odebrecht para llevar a cabo obras en la refinería de Tula.
