La Red UV por la Legalidad emitió un posicionamiento dirigido a la comunidad universitaria y a la sociedad veracruzana, en el que expresa su enfático rechazo a lo que calificó como una tergiversación de hechos y un intento de desinformación por parte de la administración que ocupa la rectoría de la Universidad Veracruzana (UV).
El pronunciamiento responde a un comunicado difundido el pasado 27 de febrero, en el cual la rectoría aseguró que el fallo del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito “confirma la aprobación de la prórroga” otorgada a Martín Aguilar Sánchez como rector.
Esa afirmación, aseveró la Red, es falsa. El tribunal no validó la prórroga ni la declaró legal, sino que se declaró incompetente para analizar el fondo del asunto en la vía del juicio de amparo, bajo el argumento de que los actos de la Junta de Gobierno (JG) de la UV, en el marco de la autonomía universitaria, no tienen carácter de autoridad para efectos procesales.
Por ello, la Red UV subrayó que ninguna autoridad judicial ha avalado la prórroga de Aguilar Sánchez y que, en cambio, la Junta de Gobierno vulneró de manera sustancial la normativa universitaria: la Ley Orgánica, la Ley de Autonomía y su Reglamento Interno.
Señaló los excesos en la actuación de la Junta de Gobierno, como establecer procedimientos sin facultades normadas, implementar una “consulta” sin sustento jurídico y tomar acuerdos trascendentes sin el número necesario de integrantes.
La Red UV advirtió que estas decisiones provocaron vulneración de la autonomía democrática participativa, exclusión de aspirantes legítimos al cargo de rector, deshonra de la autoridad moral de la figura rectoral y represalias sistemáticas contra quienes denunciaron las irregularidades.
“Es un hecho cierto que la autoridad judicial declaró que el caso está fuera de su competencia. Ello no significa, bajo ninguna interpretación honesta, que haya avalado la prórroga otorgada a Martín Aguilar Sánchez y el atropello cometido por sus cómplices, los integrantes de la Junta de Gobierno”, sentenció.
La Red concluyó señalando que “exigimos a la ilegal e ilegítima rectoría que cese de mancillar la dignidad universitaria con panfletos desinformativos que ofenden la inteligencia y la integridad de nuestra comunidad”.
