La Fiscalía General de la República (FGR) ejerció la facultad de atracción del caso de la mujer indígena náhuatl Ernestina Ascencio, en cumplimiento de lo ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), a fin de llevar a cabo una investigación exhaustiva sobre hechos posiblemente constitutivos de tortura sexual, así como sobre la pérdida de la vida de la agraviada, con apego a los estándares internacionales en materia de derechos humanos y procuración de justicia.
Esta decisión se da dos meses después de la resolución de la CIDH que responsabilizó al Estado Mexicano por los abusos cometidos contra la mujer de 73 años, agredida sexualmente y torturada por elementos del Ejército mexicano.
Lo anterior estará bajo la conducción del Ministerio Público Federal (MPF) adscrito a la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas (FEVIMTRA).
Las indagatorias refieren que la víctima, habitante de la comunidad de Tetlatzinga, ubicada en la Sierra de Zongolica, en el estado de Veracruz, fue agredida sexualmente por militares en febrero de 2007 y falleció al día siguiente, antes de recibir atención médica.
En este caso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, mediante sentencia de 30 de septiembre de 2025, determinó la responsabilidad del Estado mexicano por la vulneración de los derechos a la integridad personal, a la vida y al acceso a la justicia, entre otros. Respecto del último derecho humano vulnerado, ello obedeció a que la investigación a cargo de la fiscalía local del entonces gobierno de Fidel Herrera Beltrán no se desarrolló conforme a los estándares internacionales aplicables.
Finalmente, la Corte IDH ordenó al Estado mexicano, como parte de las medidas de reparación integral, llevar a cabo una investigación exhaustiva con debida diligencia reforzada y enfoque interseccional.
