Por Juan José Llanes
Creo que la intención de la titular del Poder Ejecutivo de Veracruz de apuntalar la reciente reforma judicial, a partir de la suspensión que decretó el Tribunal de Disciplina Judicial en contra del magistrado Jonathan Cortés Vargas, es (uno más) de los desatinos en que incurre la gobernadora cada vez que decide abordar temas jurídicos.
La mandataria de Veracruz en algunas declaraciones se ha mostrado inconforme cuando personas que no tienen una formación dentro de las ciencias exactas, opinan sobre temas de ingeniería. Sin embargo, pareciera ser que le escasean los asesores en temas legales que la puedan orientar sobre cómo abordar ciertos tópicos, o de plano no les hace caso.
Lo ocurrido en torno de la suspensión decretada en contra de Cortés Vargas, no solamente no demuestra que «funcionó» la reforma judicial, sino todo lo contrario.
Está quedando demostrado que la reforma judicial habilitó (al menos en Veracruz) un brazo armado del régimen, con la encomienda de ajusticiar (de considerarlo necesario) a juzgadores, si eso se determina desde la cúpula del poder.
Lo que la gobernadora delineó fue el peligroso mensaje que se envía a todos los impartidores de justicia: cuando se decida, aunque se atropelle el debido proceso, se les puede remover.
No conozco el fondo del asunto del que derivó el conflicto que llevó al tribunal disciplinario a decidir lo que decidió. Pero lo que sí sé, con absoluta certeza, es que se me generan más dudas que las respuestas que puede aportar la titular del Poder Ejecutivo:
Primero que nada me pregunto:
Decidieron suspender a un magistrado que integra un cuerpo colegiado que, por tanto, toma decisiones por mayoría. La función de un «ponente» en un órgano jurisdiccional pluriperpersonal (como todos los de segunda instancia, los tribunales colegiados en circuito, la propia Suprema Corte de Justicia la Nación) es elaborar un proyecto de fallo que aprobarán o no los demás integrantes de una sala, como en este caso.
Así pues, no puede reprocharse solamente a un magistrado el resultado en una sentencia, que se aprobó por otros juzgadores también. Quienes litigamos y hemos asistido (o atestiguado en línea) las sesiones de tribunales colegiados, hemos visto en innumerables ocasiones cómo, en un órgano de este tipo, los proyectos de un ponente son rechazados, o se producen votos particulares.
Me pregunto, entonces, porqué los otros magistrados se adhirieron a un proyecto de sentencia que -dice el Tribunal de Disciplina Judicial- tenía vicios; por qué no emitieron un voto particular, por qué no devolvieron del proyecto, incluso, lo pudieron haber retirado y turnado a otro ponente.
Nada de eso sucedió. Y los otros que emitieron en conjunto la sentencia reprochada desde el Poder Ejecutivo, quedaron intocados.
Esa es la indicación más evidente de que se trataba de decapitar concretamente a alguien, no reivindicar a una presunta víctima.
Lo segundo que debía responderse y transparentarse, es cuáles fueron las presuntas inconsistencias detectadas por el Tribunal de Disciplina Judicial. El régimen decidió visilizar el tema, exponerlo para concitar un juicio paralelo y un linchamiento mediático, pero decidió dosificar la información. Es, de nuevo, el régimen decidiendo qué debemos saber y qué no.
Y de hecho nunca se han expuesto las razones exactas que habrían conducido a decidir la suspensión.
Por último, nadie ha explicado por qué razón se decidió sancionar a un magistrado por la emisión de una sentencia (de la que solo hizo la ponencia) que aún no está firme. La sentencia reprochada podría ser combatida a través del Amparo directo. Pero, de hecho, las mismas normas generales exponen claramente que no se puede sancionar a un juzgador por una sentencia precaria, sino hasta que es inimpugnable.
Punir a juzgadores por sus fallos es la prueba más contundente (de acuerdo con lo que opina la Corte Interamericana de Derechos Humanos) de que se pretende abatir la independencia judicial.
Empero, la coyuntura ofreció a la gobernadora la oportunidad de evocar a la que (en la perspectiva de la 4T) debe ser una de las villanas preferidas: Norma Piña, para ejemplificar que -en otros tiempos, antes de la reforma judicial- no se ventilaban casos como el referido.
Creo que lejos de apuntalar la reforma judicial, Rocío Nahle hizo lo contrario: delató que el Poder Judicial sigue subordinado al Ejecutivo. Que la independencia judicial es utópica y que los jueces y magistrados se deben mostrar dóciles a los dictados de los gobernadores.
Así se defiende aquí la reforma judicial obradorista.
